La seguridad pública no es un concepto abstracto, es una demanda urgente que exige acciones concretas, normativas robustas y una voluntad política inquebrantable. Para nuestra Región de Tarapacá, una zona especialmente sensible al impacto del crimen organizado y los delitos transnacionales, resguardar el orden y la paz social es una tarea de vital importancia.
En este esfuerzo, el control estricto de nuestros recintos penitenciarios juega un rol estratégico: una cárcel segura por fuera se traduce de inmediato en calles más seguras para nuestros vecinos.
Por ello, la reciente aprobación unánime en el Congreso del proyecto de ley que sanciona los denominados “pelotazos” hacia los recintos penitenciarios constituye un hito legislativo de la mayor relevancia.
Con este despacho a ley, impulsado con fuerza por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo el mandato del Presidente José Antonio Kast, estamos cerrando una histórica brecha de impunidad que por años debilitó la vigilancia y la persecución penal en los perímetros carcelarios.
Hasta hoy, el lanzamiento de objetos desde el exterior enfrentaba complejos vacíos legales. Si las policías o Gendarmería interceptaban el acto, pero no lograban recuperar el elemento lanzado, o si no se podía acreditar de forma inmediata su contenido exacto en el sitio del suceso, la investigación judicial se tornaba prácticamente inviable.
Esta debilidad era aprovechada por redes criminales para abastecer los recintos de drogas, dinero, armas y, de manera crítica, teléfonos celulares que permiten coordinar delitos hacia el exterior de las rejas.
La nueva legislación transforma radicalmente este escenario al modificar el artículo 304 bis del Código Penal. A partir de su promulgación, el solo acto de ingresar o intentar ingresar cualquier objeto o sustancia por vías no autorizadas será sancionado penalmente con penas de presidio menor, sin importar si el elemento fue recuperado o no.
Además, las penas aumentarán cuando lo lanzado ponga en riesgo la seguridad interior o facilite la fuga de internos, castigando con igual severidad a quien sea sorprendido en posesión de dichos artículos ilícitos dentro del penal.
Como seremi de Justicia y Derechos Humanos de Tarapacá, valoro profundamente este paso decisivo. En nuestra realidad regional, la desarticulación de las bandas criminales requiere cortar sus flujos logísticos y de comunicación en todos los niveles.
Al blindar la seguridad perimetral de nuestras cárceles y dotar a la justicia de herramientas reales para perseguir estas conductas, debilitamos la capacidad operativa de la delincuencia.
Seguiremos trabajando con determinación para implementar esta ley con la máxima rigurosidad, devolviendo a los habitantes de nuestra región la tranquilidad que se merecen.
