El Senado aprobó los tres vetos supresivos presentados por el Gobierno del presidente José Antonio Kast al proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, concluyendo así la tramitación de la denominada megarreforma en el Congreso.
Las observaciones del Ejecutivo ya habían sido respaldadas la semana pasada por la Cámara de Diputadas y Diputados y durante la sesión de este miércoles obtuvieron también los votos necesarios en la Cámara Alta.
Los vetos apuntaban a eliminar tres disposiciones incorporadas durante la discusión legislativa: el fin del anatocismo, el denominado derecho al olvido financiero y las restricciones para establecer plazos de pago superiores a 30 días.
El primero de los vetos, relacionado con el artículo 32, fue aprobado por 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención.
La observación elimina la norma que establecía una prohibición absoluta para cobrar o capitalizar intereses sobre intereses en operaciones de crédito.
El Gobierno argumentó que una prohibición de estas características podría afectar instrumentos financieros como depósitos a plazo renovables, repactaciones, líneas de crédito y préstamos con períodos de gracia o cuotas variables.
Durante el debate, algunos senadores cuestionaron esta posición, señalando que el cobro de intereses sobre intereses agrava el endeudamiento de las personas.
Otros parlamentarios, en cambio, advirtieron sobre los efectos que una prohibición absoluta podría generar en el mercado financiero y en productos de ahorro y crédito.
Los otros vetos aprobados
El segundo veto fue aprobado por 23 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones.
Con ello se eliminó del proyecto la disposición que obligaba a borrar de registros internos y reportes a terceros información sobre deudas impagas o extinguidas con una antigüedad superior a cinco años.
La norma también buscaba impedir que esos antecedentes fueran utilizados para rechazar el acceso de una persona a determinados productos financieros.
El Ejecutivo sostuvo que esta materia ya se encuentra abordada mediante la Ley del Registro de Deuda Consolidada y advirtió que la nueva regulación podría generar duplicidades, dificultades para la cobranza y efectos sobre el acceso al crédito.
Durante la discusión, quienes defendieron la disposición argumentaron que el olvido financiero permitiría a las personas superar antecedentes de endeudamiento antiguos y acceder nuevamente al sistema.
El tercer veto estuvo relacionado con las modificaciones a los plazos de pago y fue respaldado en una doble votación por 20 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones.
La observación elimina la disposición que restringía los acuerdos para establecer plazos superiores a 30 días en el pago de facturas y que también reducía los tiempos aplicables al Estado como comprador.
El Gobierno argumentó que la posibilidad de pactar plazos excepcionales puede funcionar como una herramienta de financiamiento, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.
La posición fue cuestionada por parlamentarios que advirtieron sobre la desigualdad existente entre grandes compradores y pequeñas empresas, señalando que los retrasos en los pagos pueden generar problemas de liquidez y empleo.
Comisión de Hacienda había rechazado dos vetos
La votación de la Sala modificó parcialmente lo recomendado previamente por la Comisión de Hacienda del Senado.
Su presidente, Javier Macaya, explicó que la instancia había recomendado aprobar el veto relacionado con el anatocismo, pero rechazar las observaciones sobre el olvido financiero y los pagos a 30 días.
Sin embargo, el pleno del Senado terminó respaldando las tres observaciones presentadas por el Ejecutivo.
Durante el debate, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió los vetos y señaló que organismos especializados respaldaban la posición adoptada por el Gobierno.
Parte de la discusión estuvo marcada por críticas de parlamentarios que calificaron las observaciones como perjudiciales para consumidores, clase media y pequeñas empresas.
Desde la posición contraria se argumentó que, pese a que las disposiciones eliminadas podían resultar favorables en principio, también podían generar efectos no deseados, como restricciones al crédito o mayores costos para quienes buscan financiamiento.
Durante la discusión, parlamentarios de distintos sectores reconocieron además que las normas sobre anatocismo, olvido financiero y pago a 30 días fueron incorporadas durante una tramitación que dejó poco espacio para analizar sus posibles consecuencias.
Con la aprobación de los tres vetos, el Congreso Nacional concluyó la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, luego de que las observaciones presidenciales fueran respaldadas tanto por la Cámara como por el Senado.
