El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este miércoles una actividad por la publicación en el Diario Oficial de la Ley 21.827, denominada “Escuelas Protegidas”, normativa que busca reforzar la seguridad y entregar nuevas herramientas para enfrentar situaciones de violencia en los establecimientos educacionales.
La actividad se desarrolló en la Escuela Nueva Zelandia, en la comuna de Independencia, y contó con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola; autoridades del sistema educacional, parlamentarios y representantes de la comunidad escolar.
La legislación surge en medio del aumento de situaciones relacionadas con violencia y convivencia escolar. Según los antecedentes entregados por el Gobierno, las denuncias por maltrato a adultos ante la Superintendencia de Educación aumentaron un 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695 casos.
Además, durante 2025 se registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, de acuerdo con datos de Carabineros citados por el Ejecutivo.
Una de las principales modificaciones de la nueva ley es que los establecimientos podrán incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y otras pertenencias de los estudiantes.
Estos procedimientos deberán ser realizados por personal capacitado y respetar derechos como la privacidad, honra, igualdad y debido proceso.
La normativa establece, además, que estas facultades no permiten realizar revisiones corporales ni de la vestimenta de los estudiantes.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que la Superintendencia de Educación deberá entregar orientaciones respecto de la forma en que los establecimientos podrán aplicar las nuevas herramientas.
La secretaria de Estado señaló que la legislación también busca respaldar a profesores y equipos escolares para adoptar medidas correctivas inmediatas y evitar que conflictos propios de la convivencia escalen hacia situaciones de mayor gravedad.
La Ley Escuelas Protegidas también fortalece las atribuciones de los docentes para mantener el orden dentro de las salas de clases.
Los profesores podrán adoptar de manera inmediata medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias, las que deberán aplicarse bajo criterios de proporcionalidad y pertinencia pedagógica.
El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, indicó que la legislación busca fortalecer la autoridad de los docentes, reducir la burocracia y entregar mayores capacidades a los establecimientos para prevenir y abordar situaciones de violencia.
La normativa establece además que deberá priorizarse la gestión colaborativa de los conflictos, buscando reducir la carga administrativa de los equipos escolares. Esto no será aplicable cuando existan posibles delitos o vulneraciones de derechos fundamentales.
La legislación también contempla medidas para enfrentar amenazas e interrupciones de las actividades académicas.
Entre ellas, establece que los reglamentos internos deberán prohibir elementos que impidan la identificación facial, aunque podrán existir excepciones debidamente justificadas.
La ley también refuerza la participación y responsabilidad de padres y apoderados en las instancias relacionadas con convivencia, disciplina y violencia escolar.
Con la publicación de la Ley 21.827, los establecimientos deberán avanzar en la incorporación y aplicación de estas nuevas herramientas conforme a las orientaciones que entregue la autoridad educacional.
