La ministra de Salud, May Chomali, advirtió que el borrador de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno para restringir prestaciones sociales a condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico podría entrar en conflicto con obligaciones legales que actualmente debe cumplir el sistema de salud.
Según el borrador conocido públicamente, las personas condenadas por estos delitos quedarían sin acceso a prestaciones sociales financiadas por el Estado mientras permanezcan en prisión y durante 15 años después de recuperar su libertad.
Consultada sobre los eventuales efectos de esta propuesta en materia sanitaria, Chomali recalcó que se trata de un borrador que todavía debe ser revisado, pero reconoció que algunas de sus disposiciones podrían generar incompatibilidades con la legislación vigente.
Como ejemplo mencionó la Ley de Urgencia, que obliga al sistema sanitario a entregar atención a cualquier persona que se encuentre en una situación de riesgo vital, independientemente de su condición.
“La ley nos obliga y nos manda a nosotros atender a todas las personas, independiente de su condición, frente a situaciones que son de riesgo vital”, explicó.
La ministra también planteó posibles dificultades respecto de las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, considerando que las decisiones sobre atención médica pueden tener consecuencias que trascienden a una persona determinada y convertirse en un asunto de salud pública.
Chomali sostuvo que, si el contenido definitivo mantiene las disposiciones conocidas hasta ahora, será necesario analizar su compatibilidad con otras obligaciones que actualmente tiene el Ministerio de Salud.
La secretaria de Estado también recordó que el derecho a la salud está garantizado constitucionalmente y señaló que su cartera buscará resguardar ese principio durante la discusión de la propuesta.
Respecto de la posibilidad de que una reforma constitucional establezca restricciones a ese derecho, Chomali reconoció que jurídicamente podría plantearse una modificación, pero advirtió que antes deberán evaluarse sus consecuencias y eventuales efectos sobre otras personas.
La ministra insistió en que no conoce formalmente el borrador y evitó pronunciarse de manera definitiva hasta que el proyecto avance y pueda analizarse el texto que efectivamente presente el Ejecutivo.
