La Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió la contienda de competencia surgida en el caso denominado “Democracia Viva”, que agrupa a las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios, ratificando que el Juzgado de Garantía de Antofagasta es el tribunal legalmente competente para seguir conociendo la investigación por fraude al Fisco y lavado de activos.
El conflicto jurisdiccional se originó luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta diera lugar a una solicitud de la defensa de tres de los imputados para trasladar el caso al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal, que posteriormente se declaró incompetente, generándose así una discrepancia jurídica que debió ser zanjada por el máximo tribunal del país.
El máximo tribunal basó su decisión en los artículos 157 y 159 del Código Orgánico de Tribunales, que establece que, al investigarse múltiples aristas de manera conjunta, la competencia corresponderá al tribunal de la jurisdicción donde se inició el primer hecho con aptitud penal.
El fallo precisa que este primer acto de ejecución tuvo lugar el 1 de julio de 2022 en la ciudad de Antofagasta, fecha en que se suscribió el convenio de transferencia de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Fusupo.
Al ser esta actuación el hito fundacional que puso en peligro el patrimonio fiscal y la función pública, la Corte Suprema resolvió radicar definitivamente la causa en la ciudad de Antofagasta.
Con esta resolución, el caso “Democracia Viva” continuará su trámite en tribunales de Antofagasta, como lo había defendido el Ministerio Público, y se podrá seguir adelante con la preparación de juicio oral de las siete personas que se encuentran acusadas por delitos de fraude al Fisco, y dos de ellas, además, por lavado de activos.
