La Contraloría General de la República (CGR) detectó más de $796 mil millones en saldos contables sin movimiento en organismos del sector público y municipal, correspondientes a recursos registrados en cuentas financieras que permanecen inactivas desde 2020 a 2024 y que seguían sin movimientos a marzo de 2026.
La entidad fiscalizadora, a través de su herramienta de análisis de datos con alerta de riesgo RADAR, estableció que del total identificado, $641 mil millones corresponden al sector público y $154 mil millones al sector municipal,
La CGR determinó que “la existencia de saldos sin movimiento no constituye por sí sola una irregularidad”, pero su permanencia prolongada “genera riesgos relevantes para la gestión de los recursos públicos”.
Entre ellos, la posibilidad de perder recursos que deben ser recuperados mediante acciones de cobranza, la existencia de fondos transferidos que no están siendo utilizados para los fines previstos y la disponibilidad de información financiera desactualizada o poco confiable para la toma de decisiones.
Además, el análisis muestra que más del 90% de los recursos sin movimiento corresponden a cuentas por cobrar, es decir, a fondos cuya recuperación depende de acciones de cobranza y que, por tanto, no constituyen recursos disponibles de manera inmediata. Esta situación incrementa el riesgo de incobrabilidad o incluso de prescripción de sus montos.
En el caso de los recursos disponibles, la inactividad puede reflejar fondos inmovilizados que no se están utilizando para los fines específicos a los que se hallan destinados o información desactualizada o incorrecta de la contabilidad de los organismos del sector público o municipal, lo que dificulta la toma de decisiones confiables.
Por último, la Contraloría indicó que los antecedentes detectados se comunicarán directamente a las entidades involucradas para que los revisen y, en caso que corresponda, efectúen las acciones de cobranza, regularicen tales saldos inactivos, fortalezcan los mecanismos de control y seguimiento y adopten las medidas que permitan mejorar la calidad de su información financiera y el uso eficiente de los recursos públicos.
Asimismo, los resultados servirán de base para futuras acciones de control y fiscalización que desarrolle la CGR.
