El Juzgado de Garantía de Iquique ordenó devolver a cuatro integrantes del “Clan Chen” a la cárcel de Alto Hospicio, luego de que fueran trasladados hasta el penal La Laguna, en Talca, como parte de la denominada “Operación Cancerbero”.
Según consigna Informe Especial, las defensas de los cuatro internos presentaron recursos para revertir su traslado al recinto penitenciario de máxima seguridad de la región del Maule. La solicitud fue acogida por el tribunal, que dispuso su regreso a Tarapacá.
La decisión se basó en que el reporte evacuado al tribunal por Gendarmería no cumplió con el estándar requerido para sustentar la medida operativa, específicamente por “razones de seguridad, integridad de los internos, entre otros aspectos”.
Se trata de los imputados Longdi Chen, Wu Chen, Wen Chen y Ziliang Chen, formalizados por delitos de asociación ilícita y lavado de activos, quienes son sindicados como líderes de la agrupación criminal dedicada al blanqueo de capitales por medio de una estafa de carácter transnacional que suma más de 180 millones de dólares.
Desde el Ministerio de Justicia indicaron que “las políticas de segregación de prisioneros corresponden a Gendarmería, institución que acata las decisiones judiciales, sin perjuicio de las acciones que en derecho pueda ejercer”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestó que hay personas que han solicitado su retorno a otros recintos penitenciarios “con otras normas de seguridad donde están en su espacio de confort”.
“Vemos que hay ya personas que fueron trasladadas a La Laguna en Talca que han presentado recursos para ser devueltos por diferentes justificaciones, entre ellas hay personas del Clan Chen, a otros recintos penitenciarios con otras normas de seguridad donde están en su espacio de confort”.
Según la autoridad, la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno busca hacer más estrictas las normas de seguridad en el sistema penitenciario para quienes cometen estos delitos.
“Dentro de los puntos que buscamos en la reforma que hemos presentado es uno, tener un listado de organizaciones criminales y terroristas. Segundo, blindar el sistema penitenciario en cuanto a que las normas penitenciarias para estas personas condenadas por crimen organizado de terrorismo sean duras y sean irreversibles”.
En este sentido, destacó que se propone que las personas condenadas por crimen organizado o terrorismo tengan “un régimen penitenciario especial donde el juez, si decide que esa persona pertenecía a este tipo de organizaciones, no tenga incidencia en qué recinto cumple su condena ni de qué forma”.
Por su parte, Gendarmería señaló que la resolución judicial fue notificada durante el martes y la unidad jurídica se encuentra evaluando la determinación para interponer acciones legales para revocarla.
