Este miércoles, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó los dichos del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien apuntó a organizaciones de izquierda como responsables de los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019.
Ante las consultas de la prensa, la autoridad evitó respaldar o negar la tesis del embajador Judd, tomando distancia de sus declaraciones.
Consultado sobre si el Ministerio Público conoce los antecedentes mencionados por el embajador Judd, el fiscal recordó que en 2025 encargó un informe estadístico sobre los hechos ocurridos entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
Respecto a la decisión del diplomático de no entregar antes el supuesto informe, Valencia evitó cuestionarlo y señaló que “no me corresponde calificar las decisiones que toma un embajador de un país extranjero”.
En este sentido, detalló que Estados Unidos coopera con el Ministerio Público en investigaciones y extradiciones, pero no confirmó que la Fiscalía haya recibido información de dicho país sobre el estallido social.
La autoridad del ente persecutor indicó que todos los casos de violencia y la quema del metro se agruparon bajo un solo fiscal y aclaró que las investigaciones son reservadas y que los casos cerrados por falta de pruebas pueden reabrirse si no han pasado los plazos de prescripción.
“Las causas que pudieron haber sido cerradas por falta de antecedentes, siempre se pueden abrir, reabrir y pueden incluso hasta juzgarse en la manera que no hayan transcurrido los plazos de prescripción”, comentó.
Al ser consultado sobre si las palabras del embajador coinciden con las investigaciones realizadas en Chile, Valencia no quiso afirmar si tienen fundamento y enfatizó que centralizar las investigaciones en un solo fiscal busca responder preguntas sobre el tema.
“Yo no quisiera hacer una afirmación de esa naturaleza. Precisamente, si encargamos, insisto, en virtud de lo que expone el Artículo 19 de nuestra ley orgánica, concentrar las investigaciones que aún estaban abiertas en un solo fiscal, es porque esperamos que esa investigación pueda llegar a responder preguntas como esa y otras más”, añadió.
Asimismo, apuntó que “aquí estamos llegando al punto en el que nos encontramos muchas veces en puntos de prensa como este, en que yo tengo que insistirle en que la investigación es reservada”.
“Esperemos que el fiscal termine su trabajo y él decidirá el momento en el que pueda ser pública esa información”, cerró.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informó que se está pidiendo al embajador que comparta información de inteligencia y aclaró que no tiene acceso a detalles adicionales del caso y que se debe centrarse en datos concretos, enfocándose en la labor policial y la persecución del delito.
“Entiendo que se le está solicitando al embajador que la pueda poner a disposición (…) lo que hay es lo que todo el mundo conoce. Yo no tengo acceso y no he tenido información de mayor detalle que vaya en la línea de lo que se ha planteado. Hay muchas personas que dicen cosas como esas. Pero aquí nos tenemos que atender a los datos duros. Y hoy estamos enfocados a lo policial, a lo penal, a la persecución, al delito”, agregó.
“Yo no soy quien para hacer un juicio de valor sobre un embajador de un país extranjero en Chile. Soy un humilde ministro de Seguridad”, complementó.
