Casi la mitad de las asignaciones presupuestarias dirigidas específicamente a niños, niñas y adolescentes registró una disminución durante el primer semestre de 2026, según el Informe de Política Pública N°7 elaborado por la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile.
El estudio comparó los recursos aprobados en la Ley de Presupuestos 2026 con aquellos vigentes a junio y consideró 188 asignaciones destinadas directamente a programas, prestaciones o instituciones vinculadas con la niñez y adolescencia.
Del total analizado, 86 asignaciones disminuyeron, equivalentes al 45,7%; 90 no registraron variaciones y solamente 12 aumentaron, correspondientes al 6,4%. Además, 54 presentaron reducciones superiores al 3%.
El análisis se realizó en un contexto de ajuste fiscal, que durante 2026 contempló una reducción transversal del 3% del presupuesto vigente de organismos de la Administración del Estado.
En términos agregados, las asignaciones estudiadas disminuyeron un 0,1%, equivalente a $12.438 millones. Sin embargo, el informe señala que este resultado está influido por un incremento de $71.216 millones en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Al excluir esa variación, los restantes programas e instituciones considerados en el estudio presentan una disminución de $83.654 millones, equivalente a un 0,8% respecto de los recursos aprobados inicialmente.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que las restricciones fiscales no deberían implicar una pérdida de prioridad para este grupo de la población.
“Frente a situaciones de emergencia o contingencias económicas, los niños, niñas y adolescentes deben ser priorizados adecuadamente. Esto no significa desatender la efectividad y eficiencia en el gasto, sino asegurar que cualquier ajuste —siempre que sea necesario y esté justificado— permita mejorar la calidad de los servicios públicos y reinvertir en áreas prioritarias, sin reducir el gasto e inversión global en la materia”.
Las disminuciones detectadas alcanzan áreas relacionadas con primera infancia, protección especializada, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.
Entre los casos identificados se encuentra la asignación de Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia, vinculada al sistema de protección especializada, que registró una disminución del 28%.
En educación, algunas de las principales reducciones se concentran en infraestructura pública. Dos de sus líneas de mejoramiento disminuyeron en $14.600 millones, equivalente a un 28,1%, y $14.048 millones, correspondiente a un 20,5%, respectivamente.
El informe advierte, sin embargo, que la información presupuestaria disponible no permite determinar por sí sola los efectos concretos de estas disminuciones sobre la cobertura o calidad de las prestaciones.
Para establecer ese impacto, señala que sería necesario considerar otros antecedentes, como la cantidad de beneficiarios, las prestaciones entregadas, las metas comprometidas y la oportunidad y calidad con que se prestan los servicios.
Además, los antecedentes recopilados no permiten establecer de manera homogénea las razones detrás de cada reducción. Algunas, indica el documento, podrían responder a factores de ejecución, eficiencia o reasignación presupuestaria.
Llamado de cara al Presupuesto 2027
De cara a la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile recomendaron resguardar la prioridad presupuestaria de niños, niñas y adolescentes, fortalecer el seguimiento de la inversión y exigir una justificación técnica clara para las reducciones de recursos.
Ambas instituciones plantearon prestar especial atención a los programas preventivos y de apoyo temprano, particularmente aquellos relacionados con primera infancia, protección integral, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.
El informe también aborda la disminución de la población infantil y sostiene que este cambio demográfico no reduce las obligaciones estatales respecto de la garantía de sus derechos. A juicio de los organismos, también puede representar una oportunidad para aumentar la inversión por niño, mejorar la calidad de los servicios y avanzar en el cierre de brechas.
