La reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo para hacer efectivas las expulsiones administrativas fue rechazada el martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de obtener 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a solo un voto de los 89 apoyos requeridos para su aprobación.
Ante este resultado, el parlamentario por Tarapacá, Álvaro Jofré (PNL), cuestionó duramente la conducción política del Gobierno del presidente José Antonio Kast y, particularmente, el trabajo de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), liderada por el ministro José García Ruminot, para asegurar una iniciativa que formaba parte de la agenda legislativa del Ejecutivo.
“Es incomprensible que un proyecto de esta importancia se caiga por un solo voto. Cuando un Gobierno tiene una iniciativa prioritaria, la responsabilidad de la Segpres es hacer el trabajo político, coordinar, conversar con los parlamentarios y asegurar que los votos estén en la Sala”, sostuvo.
El parlamentario oficialista enfatizó que el problema no es únicamente legislativo, sino que también tiene consecuencias concretas para la capacidad del Estado de ejecutar sus propias decisiones.
“Hoy tenemos una situación absurda: el Estado puede decretar una expulsión, pero cuenta con un plazo extremadamente acotado para materializarla. Si no logra concretarla dentro de ese período, la persona debe recuperar su libertad pese a que exista una orden de expulsión vigente. El Estado decide, pero no necesariamente puede ejecutar lo que decidió”, afirmó.
La propuesta impulsada por el Gobierno de Kast buscaba ampliar el período de detención para ejecutar una expulsión administrativa hasta un máximo de 30 días, contemplando además renovaciones por períodos iguales o inferiores, siempre que fueran estrictamente necesarias y contaran con autorización judicial.
“Ni Mandrake el Mago puede identificar a una persona, conseguir sus documentos, coordinar con otro Estado y organizar un traslado internacional en cinco días en todos los casos. Si el Estado quiere que las expulsiones sean efectivas, tiene que contar con las herramientas y los tiempos necesarios para ejecutarlas”, agregó.
En ese sentido, sostuvo que la discusión también involucra una cuestión de soberanía y capacidad institucional.
“Un Estado que tiene la facultad de tomar una decisión, pero no tiene los instrumentos para hacerla cumplir, termina debilitando su propia autoridad. La soberanía no puede ser solamente una declaración: también debe expresarse en la capacidad efectiva de actuar conforme a la ley”, señaló.
Por último, el parlamentario insistió en que el resultado de la votación debe generar una revisión política dentro del Ejecutivo.
“No basta con decir que hubo imponderables. Faltó un voto. Uno solo. Y ese voto era responsabilidad de la conducción política del Gobierno. Si esta era una prioridad legislativa, la Segpres tenía que llegar a la Sala con los votos asegurados. La seguridad y el control migratorio no pueden quedar entregados a la improvisación”, concluyó.
