La Comunidad Indígena de Huarasiña pidió al Municipalidad de Huara que adopte medidas tras los hechos ocurridos en la localidad y que involucran al concejal Narciso Relos Esteban, quien fue formalizado el lunes por el delito de lesiones leves y amenazas tras sostener una discusión que supuestamente terminó en golpes con un poblador de unos 60 años.
En la audiencia, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte suspendió condicionalmente el procedimiento del imputado, junto a un familiar, por el periodo de un año y decretó la prohibición de acercarse a la víctima en un radio de 200 metros.
Tras esta situación, la directiva de la comunidad indicó, en una carta dirigida al cuerpo colegiado, que estos hechos fueron denunciados ante Carabineros y deberán ser investigados por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia.
“Junto con saludar, la directiva de la Comunidad Indígena Aimara de Huarasiña se dirige al señor alcalde y al honorable Concejo Municipal de Huara para poner formalmente en conocimiento los hechos relacionados con la agresión que habría sufrido un adulto mayor integrante de nuestra comunidad, en los cuales se encontrarían involucrados un concejal de la comuna y su hijo”, se lee en la misiva leída este miércoles en el Concejo Municipal de Huara.
La comunidad señaló que su pronunciamiento no atribuye culpabilidad alguna de las partes y solicitaron que el municipio efectué medidas administrativas preventivas, de fiscalización y resguardo dentro de las competencias municipales.
Los pobladores expresaron su rechazo a “toda forma de violencia” y dieron cuenta del riesgo que enfrentan las personas mayores en Huarasiña, localidad rural sin presencia policial ni atención médica permanente, por el aislamiento y la demora de asistencia.
“Una agresión de estas una agresión en estas condiciones puede producir consecuencias especialmente graves debido a la distancia, al aislamiento territorial, a la demora a la llegada de la asistencia, fundamentos jurídicos e institucionales”, se agrega en la carta.
Asimismo, indicaron que las autoridades comunales deben evitar usar su cargo o recursos públicos para obtener ventajas, presionar, tomar represalias o interferir en las investigaciones; también deben abstenerse cuando exista conflicto de interés.
“El municipio, sus autoridades deben respetar la autonomía y las competencias del Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) en los tribunales de justicia. La dirección exclusiva de la investigación penal corresponde al Ministerio Público, por lo que ninguna autoridad municipal debe ejecutar acciones destinadas a influir en diligencias, alterar antecedentes, obtener un trato favorable, dificultar la la denuncia o afectar la libertad de las víctimas y testigos para colaborar con la investigación”, se añade.
En el texto, la Comunidad de Huarasiña solicitó que el caso se debata formalmente en el Concejo Municipal y que el que el concejal involucrado “se abstenga de participar en la deliberación, votación, adopción de acuerdo relacionado directamente con estos hechos, si concurra alguna causal legal que le que comprometa su imparcialidad dejando constancia de ello en el acta”.
Asimismo, solicitaron que el municipio evite interferencias en las investigaciones, previniendo represalias y protegiendo a la persona afectada, los denunciantes, testigos o cualquier integrante de la comunidad indígena.
También requirieron revisar obligaciones municipales y remitir posibles incumplimientos a los organismos competentes. De igual forma, pidieron medidas concretas de seguridad y coordinación para localidades rurales, junto con una respuesta municipal fundada y oportuna, respetando el debido proceso y la independencia de las investigaciones.
“Lo anterior no impide que la Municipalidad de Huara colabore institucionalmente con cuando sea requerida por los organismos competentes, entregue oportunidad a los antecedentes que legalmente corresponden y adopte medidas preventivas dentro de las de sus atribuciones. Dicha colaboración debe ser objetiva, transparente y respetuosa con el debido proceso. La legislación municipal reconoce en materia de asistencia social, prevención de riesgo, auxilio en situaciones de emergencia y actividades de interés común en el ámbito local. Además, la normativa vigente sobre seguridad municipal refuerza el papel preventivo, colaborativo y complementario de la municipalidades en materia de seguridad pública”, se complementa.
En ese sentido, la comunidad estimó que la Municipalidad de Huara “debe asumir un papel activo en la prevención, coordinación y protección de los habitantes de Huarasiña y las demás localidades rurales de la comuna, particularmente respecto a las personas adultas mayores y comunidades que se encuentran alejadas de los servicios policiales y sanitarios”.
Los pobladores remarcaron que si se comprueba la denuncia, se debe ver si hay una responsabilidad penal o civil, así como infracciones a las normas administrativas y a los deberes del cargo. Recordaron que la ley 18.695 sobre Orgánica Constitucional de Municipalidades establece formas de hacer responsables a alcaldes y concejales por faltas a la probidad o abandono de deberes, aunque precisaron que “esta calificación no puede ser declarada anticipadamente por la comunidad ni por una simple resolución administrativa”.
“Puede requerir el procedimiento y pronunciamiento del tribunal electoral regional competente. En términos legales, el notable abandono de deberes exige una transgresión inexcusable y manifiesta o reiterada las obligaciones puestas por la constitución y las normas que regulan el funcionamiento municipal. Por ello, la falta de adopción de una medida aislada no permite por sí sola concluir que se configura esta causal. No obstante, una omisión grave, injustificada o persistente frente a deberes municipales expresamente establecidos podría constituir un antecedente susceptible de ser examinado por el consejo municipal, por la Contraloría General de la República o por el Tribunal Electoral Regional, según sus respectivas competencias”, se agrega.
En consecuencia, la comunidad exigió que “las autoridades municipales, actuando oportunamente, documenten sus decisiones y eviten toda toda pasividad que pueda comprometer la protección de los habitantes de responsabilidad institucional”.
Por último, pidieron que las autoridades resguarden la dignidad y seguridad de la persona afectada, respeten la presunción de inocencia, permitiendo que la investigación se desarrolle sin presiones ni interferencias de ninguna naturaleza.
“Que se adopten medidas a impedir represalias, hostigamientos, presiones o discriminaciones contra la persona denunciante. La víctima, los testigos, sus familiares o cualquier integrante de la comunidad indígena y mara de Huarasiña (…) que la municipalidad emita una declaración institucional general de rechazo de todas formas de violencia y de compromiso con el respeto de las personas adultas mayores”, indica la carta firmada por la presidenta de la Comunidad Indígena Aymara de Huarasiña, Susana Relos Pacha.
En la sesión del Concejo Municipal, el alcalde de Huara, José Bartolo, abordó la situación ocurrida el fin de semana pasado, expresando su rechazo a la violencia. El edil señaló que la investigación está en manos de la justicia y que el municipio no debe emitir juicios sin conocer los resultados de las diligencias.
“Lamento mucho lo que ha ocurrido este fin de semana. Siempre he estado en contra de la violencia, principalmente en estas acciones que que ocurren. Estoy en contra de todo, en el sentido de esta situación que ocurrió (…) pero sí decirles que esto ya está en manos de la justicia, ellos están están llevando el trabajo investigativo, están haciendo todo todo el la investigación, el trabajo y lo relacionado con esta causa, y esperemos que salga toda la luz”, dijo el jefe comunal.
“Porque acá no podemos hacer juicio nosotros si no tenemos clara la investigación. Inclusive, nosotros no estamos, no tenemos esa facultad”, complementó Bartolo.
Por su parte, los concejales Maribel Mamani, Lorena Baltazar y Joaquín Flores presentaron al Concejo Municipal una declaración institucional y solicitudes de actuaciones al municipio, enfatizando que no les corresponde comprobar versiones, ni atribuir responsabilidades penales, civiles o de cualquier tipo, ya que esas materias competen a las autoridades correspondientes y deben tratarse respetando el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
“Como concejales, no nos corresponde establecer la veracidad de esas afirmaciones ni atribuir participación o responsabilidad penal a ninguna persona. Corresponde que cualquier hecho que pueda revestir carácter de delito sea conocido, investigado y terminado por las autoridades competentes, con pleno respeto al debido proceso, al derecho de defensa y a la presunción de inocencia”, se lee en la misiva leída por la concejal Maribel Mamani.
Asimismo, rechazaron toda forma de violencia como medio para resolver conflictos personales, familiares, comunitarios o territoriales, y llamaron a promover el diálogo y las vías legales.
Entre sus requerimientos, solicitaron al municipio información sobre medidas existentes para prevenir y responder a emergencias o situaciones de violencia en sectores rurales como en Huarasiña. También pidieron aplicar las reglas de inhabilidad y abstención en caso que corresponda y que las actuaciones municipales se informen al concejo para permitir su fiscalización.
Los concejales reafirmaron su compromiso con la convivencia pacífica y sostienen que la ruralidad o el aislamiento no deben implicar menor consideración institucional.
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