El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó los cuestionamientos a la gestión del Gobierno en seguridad y sostuvo que las administraciones de derecha enfrentan mayores expectativas ciudadanas en materias como delincuencia y orden público.
En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado afirmó que a la derecha se le asocia con “más seguridad, más orden, más crecimiento económico” y reconoció que el Ejecutivo enfrenta una “vara alta” en esta materia.
Arrau defendió los resultados obtenidos durante los primeros meses de la administración del Presidente José Antonio Kast y aseguró que, a la fecha, los casos policiales de homicidios registran una disminución cercana al 14% respecto del año anterior, además de bajas en ingresos clandestinos y algunos delitos violentos.
Sin embargo, la reducción de los homicidios no comenzó durante la actual administración. El primer informe semestral de 2026 confirmó que la tendencia a la baja se mantiene por cuarto año consecutivo y se inició después del máximo registrado en 2022. Durante el primer semestre de este año se contabilizaron 472 víctimas de homicidio, una disminución de 11,5% respecto del mismo periodo de 2025.
Consultado precisamente por esta tendencia, Arrau reconoció que los homicidios comenzaron a disminuir durante el gobierno anterior y señaló que su administración decidió mantener la política de seguridad pública, descartando una “refundación” de la estrategia.
El ministro también reconoció que todavía “falta muchísimo” para enfrentar los actuales niveles de violencia y crimen organizado, y sostuvo que los resultados en seguridad requieren tiempo para reflejarse en la percepción de la ciudadanía.
Respecto de la cuestionada reforma constitucional de seguridad, Arrau evitó confirmar si el Ejecutivo retirará la iniciativa y aseguró que el Gobierno está dando espacio a las conversaciones en el Senado para alcanzar un acuerdo.
Entre los puntos que busca mantener mencionó un listado de organizaciones criminales, cambios en segregación penitenciaria y una revisión de los estados de excepción.
Finalmente, el secretario de Estado reconoció que la controversia en torno al proyecto dejó lecciones para el Ejecutivo y apuntó como principal aprendizaje la necesidad de realizar “un trabajo prelegislativo más intenso” antes de impulsar este tipo de reformas
