La partida destinada al financiamiento regional quedó sin definición tras dos votaciones empatadas. El Gobierno defendió su propuesta de reducción presupuestaria, mientras los gobernadores cuestionaron los recortes y solicitaron mayores recursos para inversión. En Tarapacá, el proyecto contempla $71.296 millones para 2027.
La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos terminó sin acuerdo este lunes 19 de octubre, luego de registrar dos empates consecutivos durante la votación de la partida 31 del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, correspondiente al financiamiento de los gobiernos regionales.
La sesión, desarrollada en el Congreso Nacional, en Valparaíso, estuvo marcada por las diferencias entre el Ejecutivo y los gobernadores regionales respecto de la disminución de recursos para inversión pública y las medidas de flexibilización presupuestaria propuestas por el Gobierno.
Ante la falta de una mayoría que permitiera resolver la votación, los integrantes de la subcomisión acordaron repetirla este martes 20 de octubre.
Durante la discusión, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, sostuvo que la reducción contemplada para los gobiernos regionales alcanza los $151 mil millones, y no los $250 mil millones mencionados por algunas autoridades regionales.
El titular de la Dirección de Presupuestos explicó que la cifra utilizada por el Ejecutivo corresponde a los antecedentes de la Oficina de Presupuestos del Senado y defendió las modificaciones destinadas a facilitar la ejecución de los recursos.
Asimismo, destacó que el presupuesto de funcionamiento de los gobiernos regionales contempla un incremento del 11%, junto con el reconocimiento presupuestario de 169 trabajadores que anteriormente eran financiados mediante recursos de inversión. Gómez aseguró que el Ejecutivo mantiene su disposición al diálogo para alcanzar acuerdos durante la tramitación legislativa.
Desde los gobiernos regionales, el gobernador de Valparaíso y presidente subrogante de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI), Rodrigo Mundaca, cuestionó los argumentos del Ejecutivo y sostuvo que las modificaciones propuestas no resuelven los problemas estructurales de financiamiento.
La autoridad aclaró que el aumento de recursos para funcionamiento no representa necesariamente la contratación de nuevos funcionarios, sino el reconocimiento de trabajadores que ya desempeñan labores en los gobiernos regionales.
Mundaca también criticó la falta de una ley de plantas para estas instituciones y las restricciones administrativas que, a su juicio, limitan su autonomía.
Además, planteó dudas respecto de la metodología utilizada para distribuir determinados fondos y solicitó, en representación de los gobernadores agrupados en AGORECHI, rechazar la partida presupuestaria.
En el caso de Tarapacá, el proyecto de Presupuestos 2027 contempla $71.296 millones para inversión regional, lo que representa una disminución de aproximadamente $4.218 millones respecto del presupuesto inicial de 2026.
Durante su intervención, el gobernador José Miguel Carvajal advirtió que una mayor flexibilidad para administrar los recursos no compensa la disminución del financiamiento disponible para responder a las necesidades regionales.
La autoridad sostuvo que los gobiernos regionales deberán priorizar proyectos y postergar otras iniciativas si se mantiene la reducción propuesta. Carvajal también cuestionó la distribución de los ingresos provenientes de la venta de terrenos fiscales, señalando que la participación destinada a los gobiernos regionales habría disminuido del 65% al 35%, situación sobre la cual solicitó explicaciones.
Asimismo, criticó que las decisiones sobre los recursos de inversión continúen concentrándose en Santiago, pese a que son los gobiernos regionales y los municipios quienes conocen directamente las necesidades de sus territorios.
Parlamentarios divididos frente a la propuesta presupuestaria
La discusión también evidenció diferencias entre los integrantes de la subcomisión respecto de la aprobación de los recursos propuestos por el Ejecutivo.
El diputado Juan Marcelo Valenzuela advirtió que la disminución de la inversión regional podría retrasar obras de infraestructura, pavimentación, alcantarillado y otros servicios básicos que requieren las comunidades. En la misma línea, la diputada Daniela Serrano cuestionó que, pese al tiempo otorgado para las negociaciones, el Gobierno no haya presentado modificaciones sustanciales a los montos destinados a inversión regional.
Una postura distinta expresó el senador por Tarapacá, Renzo Trisotti, quien respaldó la partida y planteó la necesidad de mantener abierto el diálogo entre el Ministerio de Hacienda y los gobernadores.
El parlamentario solicitó conformar urgentemente una mesa de trabajo para abordar las diferencias presupuestarias y avanzar hacia una propuesta que permita alcanzar un acuerdo.
Por su parte, la presidenta de la subcomisión, senadora Yasna Provoste, votó en contra, argumentando que todavía es necesario realizar mayores esfuerzos para responder a las demandas de financiamiento de los gobiernos regionales.
La votación quedó dividida en tres votos favorables, correspondientes a Renzo Trisotti, Eduardo Durán y Cristián Vial, y tres en contra, emitidos por Yasna Provoste, Juan Marcelo Valenzuela y Daniela Serrano.
Acuerdan aplazar votación por una semana tras reunión con Hacienda
Aunque inicialmente estaba previsto repetir la votación este martes 20 de octubre, durante la tarde del lunes se alcanzó un principio de acuerdo para postergarla por una semana.
La decisión surgió tras una reunión en Cerro Castillo entre gobernadores regionales, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y parlamentarios de la subcomisión, con el propósito de abrir una nueva instancia de negociación.
El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, valoró la disposición al diálogo y confirmó que se conformará una mesa técnica entre los gobiernos regionales y la Dirección de Presupuestos para revisar los recursos y las condiciones de ejecución.
Por su parte, Rodrigo Mundaca señaló que las conversaciones consideran como punto de partida mantener el presupuesto de 2026, además de revisar mecanismos de flexibilización y funcionamiento de los gobiernos regionales.
De esta manera, la partida 31 continuará pendiente mientras avanzan las negociaciones entre el Ejecutivo y los representantes regionales, antes de que el proyecto siga su tramitación en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
