Este martes el Juzgado de Garantía de Arica ordenó suspender la destrucción de las maderas incautadas a exportadores bolivianos investigados en el caso “Narcomaderas” y permitió la realización de un peritaje independiente.
En este caso se indaga la presencia de cocaína en cargamentos bolivianos de exportación. La investigación mantiene retenidos en Arica contenedores con más de mil toneladas de madera proveniente de Bolivia y fue presentada en junio pasado por las autoridades chilenas como una operación histórica contra el narcotráfico.
En la audiencia de cautela de garantías del martes, el juez Juan Araya Contreras acogió la petición de las defensas de 10 empresarios, representados por los ex fiscales de Bolivia, Alejandro Peña y José Antonio Villalobos.
El magistrado ordenó a los servicios de Salud la suspensión por un plazo de 60 días de las quemas de las maderas decomisadas que todavía permanecen incautadas en las ciudad de Arica, San Antonio y Valparaíso.
Según explicó Villalobos, aún falta definir el laboratorio que realizará las pruebas y las condiciones del procedimiento, asuntos que serán tratados en una próxima audiencia.
El letrado dijo los resultados de la audiencia en una conferencia virtual organizada por la Cámara de Exportadores de La Paz. Desde Arica, sostuvo que la resolución responde a los dos pedidos principales de los empresarios: detener la destrucción y acceder a un nuevo análisis de las muestras.
“Lo que está destruido, lamentablemente, es un perjuicio que ya está establecido y eso no lo podemos revertir”, afirmó.
Villalobos señaló que las actas oficiales de incineración todavía no habían sido incorporadas a la investigación, por lo que no pudo precisar cuánto material fue destruido. De acuerdo con la información extraoficial que maneja la defensa, la mayor parte de la mercancía retenida en Arica habría sido incinerada, mientras que aún quedarían contenedores en los puertos de Valparaíso y San Antonio.
Port su parte, el abogado Daniel Guevara, representante de empresas exportadoras bolivianas, expresó su satisfacción por la decisión del tribunal, mientras que el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo que la retención de cerca de 60 contenedores ocasionó un daño económico estimado en 50 millones de dólares, además de perjuicios reputacionales, pérdida de empleos y mercados internacionales.
El ex fiscal Villalobos y abogado de las empresas bolivianas anunció que, con los resultados de las nuevas pericias y otros antecedentes, buscará solicitar el sobreseimiento definitivo de los involucrados. También anticipó que los empresarios podrán evaluar acciones por los perjuicios económicos derivados de la destrucción de la madera y de las dificultades para exportar.
