Una investigación de Radio Paulina permitió establecer que María Luisa Cáceres Muñoz, asesora jurídica de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Tarapacá y quien también ejerció temporalmente como titular de esa repartición, figura en antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República respecto de funcionarios que registraron salidas del país mientras utilizaban licencias médicas durante 2025.
El caso llegó a conocimiento de nuestro Departamento de Prensa mediante una denuncia anónima que alertaba sobre un presunto viaje de la funcionaria a Brasil durante un período de reposo médico.
A partir de estos antecedentes, Radio Paulina revisó documentación asociada a las fiscalizaciones de Contraloría, incluyendo una planilla con registros migratorios de trabajadores de la Seremi de Educación de Tarapacá.
La revisión permitió identificar un registro asociado al RUT de Cáceres, que consigna una licencia médica de 15 días, iniciada el 9 de enero de 2025, y una salida de Chile el 14 de enero del mismo año.
Su regreso al territorio nacional quedó registrado el 19 de enero, mientras todavía se encontraba vigente el período de reposo.
Ambos movimientos migratorios figuran en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago.
Si bien la denuncia anónima señala que el destino habría sido Brasil, la documentación examinada no permite confirmar ese antecedente ni establecer que la licencia médica haya sido obtenida fraudulentamente.
Seremi confirma sumarios, pero no detalla medidas de imparcialidad
Uno de los aspectos centrales de la investigación periodística se relaciona con las funciones que desempeña Cáceres dentro de la institución encargada de investigar los casos informados por Contraloría.
Por este motivo, Radio Paulina consultó formalmente a la Seremi de Educación de Tarapacá si se había instruido un sumario administrativo relacionado con la funcionaria, cuándo comenzó el procedimiento, cuál era su estado y qué medidas se habían adoptado para garantizar su imparcialidad.
En su respuesta escrita, la repartición señaló:
“En relación con su correo, tanto en este caso consultado, como en todos los otros casos de los informes de Contraloría, hemos procedido según lo instruido por la misma entidad”.
La institución agregó que “en todos los casos que llegaron desde Contraloría se ha instruido sumario y los procedimientos están bajo reserva legal absoluta”.
Respecto de las medidas adoptadas, sostuvo que se han implementado todas aquellas establecidas por la ley.
Sin embargo, la Seremi no precisó la fecha de inicio ni el estado del procedimiento relacionado con el caso consultado. Tampoco detalló qué medidas específicas se aplicaron para resguardar la imparcialidad de las actuaciones administrativas.
Otro antecedente obtenido por Radio Paulina da cuenta de que María Luisa Cáceres Muñoz también ejerció temporalmente funciones de secretaria regional ministerial de Educación de Tarapacá.
De acuerdo con los registros publicados en el Portal de la Ley del Lobby, la funcionaria figura con el cargo de secretaria regional ministerial entre el 18 y el 25 de mayo de 2026, información reportada por la Subsecretaría de Educación.
El registro público, cuya última actualización corresponde al 2 de julio de 2026, consigna además su participación como autoridad en el sistema de audiencias regulado por la Ley del Lobby.
Este antecedente permite establecer que Cáceres ha desempeñado funciones tanto de asesoría jurídica como de autoridad regional dentro de la repartición.
No obstante, su ejercicio temporal del cargo de seremi ocurrió meses antes de la emisión del oficio de Contraloría que instruyó investigar los movimientos migratorios registrados durante licencias médicas.
Por lo tanto, los antecedentes disponibles no permiten afirmar que ejerciera como autoridad regional cuando la institución recibió dicho oficio.
Las interrogantes sobre su función jurídica
En su respuesta a Radio Paulina, la Seremi de Educación confirmó expresamente que “la persona que ustedes individualizan realiza funciones como Asesora Jurídica Regional”.
Considerando ese cargo, nuestro Departamento de Prensa solicitó conocer las medidas adoptadas para prevenir eventuales conflictos de interés en la tramitación de los antecedentes remitidos por Contraloría.
La consulta buscaba establecer qué mecanismos había dispuesto la institución para garantizar que las investigaciones se desarrollaran de manera independiente, particularmente cuando uno de los casos consultados involucraba a una funcionaria de su propia área jurídica.
La repartición respondió que se habían adoptado las medidas contempladas por la legislación, pero no especificó cuáles ni informó si Cáceres había participado en la recepción, revisión o tramitación de antecedentes relacionados con los procedimientos por licencias médicas.
Hasta ahora, no existen antecedentes documentales que acrediten que la funcionaria haya intervenido en la revisión de su propio caso.
En consecuencia, permanece pendiente conocer las medidas concretas implementadas por la Seremi para resguardar la imparcialidad del procedimiento. Como parte de la investigación, Radio Paulina contactó directamente a María Luisa Cáceres para conocer su versión respecto de los antecedentes.
La denuncia anónima recibida por este medio también contenía una acusación sobre la supuesta adquisición de una licencia médica falsa.
Ante esa afirmación, la funcionaria respondió por escrito:
“Nooooo eso no es así y esa acusación es grave”.
Asimismo, señaló contar con documentación para respaldar su situación y manifestó que corresponde esperar los resultados de los procedimientos.
Su respuesta constituye un rechazo expreso a la acusación de haber adquirido una licencia médica falsa.
Cabe precisar que los antecedentes documentales revisados no acreditan que la licencia haya sido obtenida fraudulentamente ni permiten establecer, por sí solos, la existencia de un delito.
Contraloría instruyó investigar eventuales responsabilidades
Los antecedentes forman parte de las fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República a partir del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 26 de 2026.
Este proceso consideró información de la Policía de Investigaciones y de la Superintendencia de Seguridad Social para identificar a funcionarios y trabajadores que registraron salidas del país durante períodos de licencia médica en 2025.
Mediante el oficio N.º OF187951/2026, fechado el 2 de octubre, Contraloría instruyó a los organismos públicos iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y remitir las resoluciones respectivas dentro de cinco días hábiles.
Asimismo, estableció un plazo de 20 días hábiles para informar sobre las actuaciones derivadas de los antecedentes.
El organismo fiscalizador advirtió que los hechos detectados podrían corresponder a infracciones administrativas o laborales y que, en determinadas circunstancias, eventualmente podrían revestir caracteres de delito.
Sin embargo, precisó que la información disponible no permitía distinguir inicialmente entre estas situaciones, por lo que correspondía investigar individualmente cada caso.
Procedimiento permanece bajo reserva
Con los antecedentes recabados, Radio Paulina pudo contrastar la denuncia anónima con registros migratorios asociados a una licencia médica, confirmar las funciones jurídicas de Cáceres y documentar su ejercicio temporal como autoridad regional.
La Seremi de Educación, por su parte, confirmó que instruyó sumarios en los casos remitidos por Contraloría y que estos procedimientos se encuentran bajo reserva legal.
No obstante, la repartición no entregó información específica sobre el estado del caso consultado ni detalló las medidas adoptadas para evitar eventuales conflictos de interés.
La principal interrogante pendiente es cómo se ha garantizado la imparcialidad de las investigaciones cuando una de las personas mencionadas en los antecedentes desempeña funciones de asesoría jurídica dentro de la propia institución encargada de llevar adelante los procedimientos administrativos.
