En condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros, luego de que el Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta por 37 votos a favor y una abstención.
La iniciativa modifica la Ley de Migración y Extranjería, con el objetivo de facilitar la ejecución de las expulsiones y fortalecer el registro de datos biométricos.
Entre sus principales medidas, aumenta de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al país para quienes hayan sido expulsados administrativamente.
Además, permitirá que la Policía de Investigaciones solicite autorización judicial para ingresar a un domicilio con el único propósito de detener a una persona que mantenga una orden de expulsión firme.
La senadora Danisa Astudillo, quien presidió la Comisión Mixta, destacó que el acuerdo incorporó recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público.
Durante el debate, parlamentarios hicieron referencia a la situación migratoria de las regiones del norte y advirtieron que la aplicación de estas medidas requerirá recursos, capacidad policial y coordinación internacional.
Asimismo, se recalcó la importancia de no confundir migración con delincuencia.
Tras superar su tramitación legislativa, el proyecto quedó en condiciones de convertirse en ley.
