El Primer Juzgado de Policía Local de Iquique realizó una fiscalización en los galpones de empresas usuarias del sector de La Herradura, en el Barrio Industrial de Zofri S.A. La diligencia permitió la detención de una persona por infracción a ley de control de armas y dejó en evidencia una serie de condiciones de precariedad y riesgo.
La jueza del Primer Juzgado de Policía Local, Antonella Sciaraffia, indicó que en el procedimiento se detectaron personas viviendo en paupérrimas condiciones, baños insalubres, riesgos de incendios, instalaciones precarias y menores vulnerados.
En el operativo se fiscalizaron 15 galpones de venta de repuestos y accesorios, se fiscalizaron cerca de 30 personas y se detuvo a una persona por infracción a ley de control de armas, ya que mantenía elementos pirotécnicos.
La Seremi de Salud de Tarapacá verificó las condiciones de higiene y seguridad de los lugares de trabajo, la presencia de posibles focos de contaminación y las condiciones sanitarias generales de los establecimientos fiscalizados.
Asimismo, en la fiscalización participaron la Seremi de Bienes Nacionales, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas y otros servicios públicos, fortaleciendo el trabajo coordinado entre las distintas instituciones.
Desde la Gerencia de Comunicaciones y Relacionamiento de Zofri S.A. indicaron que “el procedimiento fue coordinado previamente con el tribunal y que prestó su colaboración a las autoridades durante todo su desarrollo”.
Respecto a los hallazgos de la fiscalización, la compañía manifestó que “condena enérgicamente las condiciones de precariedad y riesgo constatadas por las autoridades, cuya gravedad se acentuaría de confirmarse que menores de edad estuvieron expuestos a ellas”.
En un comunicado, Zofri S.A. señaló que “dará seguimiento a los resultados del procedimiento y ejercerá sus atribuciones. Asimismo, reforzará su coordinación con los organismos competentes para apoyar las labores de fiscalización en el Barrio Industrial, un sector abierto de la ciudad, con vías de uso público y, en algunos casos, propiedades de terceros”.
Por último, la compañía sostiene que “ninguna actividad comercial puede estar por encima de los derechos de las personas. Por ello, continuará colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos, la determinación de las responsabilidades que correspondan y el cumplimiento de la ley”.
