La diputada independiente de la bancada UDI por Tarapacá, Ximena Naranjo, manifestó su preocupación por los antecedentes conocidos tras una fiscalización realizada en galpones del Barrio Industrial de la Zona Franca de Iquique (Zofri), donde fueron encontrados niños, niñas y adolescentes viviendo en condiciones precarias e insalubres.
Según los antecedentes expuestos por la parlamentaria, durante la inspección se detectaron instalaciones eléctricas deficientes, baños en malas condiciones sanitarias, estructuras peligrosas, riesgos de incendio e incluso contaminación de suelos por hidrocarburos.
Frente a esta situación, Naranjo calificó los hechos como de extrema gravedad y cuestionó que menores de edad se encuentren expuestos a condiciones que podrían comprometer su salud e integridad.
“Aquí estamos hablando de niños, no de cifras, no de estadísticas ni de un problema administrativo. Estamos hablando de menores que deberían estar protegidos, creciendo en condiciones dignas y seguros, pero que fueron encontrados viviendo en galpones donde incluso existe riesgo de incendio”, señaló.
La legisladora agregó que esta situación es “profundamente dolorosa e inaceptable” y sostuvo que no se puede permitir que este tipo de condiciones se normalicen.
Ante estos hechos, la diputada ofició a la delegada presidencial regional de Tarapacá, Adriana Tapia, solicitando información detallada sobre la cantidad de niños encontrados, las eventuales vulneraciones de derechos constatadas y las medidas de protección que se han adoptado o se implementarán.
En particular, pidió aclarar si se presentaron denuncias ante el Ministerio Público, si se solicitaron medidas de protección ante los Tribunales de Familia y si los menores fueron derivados al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Asimismo, requirió identificar a los organismos responsables de estas acciones y establecer quiénes estarán a cargo de su seguimiento.
“Mi principal preocupación hoy son esos niños y niñas. Necesitamos saber dónde están, quién está protegiéndolos y qué se está haciendo concretamente para garantizar que no sigan expuestos a estas condiciones”, afirmó Naranjo.
En esa línea, enfatizó que no basta con activar protocolos o efectuar fiscalizaciones, sino que debe existir una respuesta efectiva del Estado que garantice la protección de cada uno de los menores afectados.
La parlamentaria también solicitó esclarecer quiénes son los propietarios, usuarios o arrendatarios de los galpones donde se detectó el uso habitacional.
Además, pidió conocer si existían denuncias o fiscalizaciones anteriores relacionadas con estos inmuebles y qué eventuales responsabilidades podrían corresponder a los adultos a cargo de los menores o a quienes permitieron que los recintos fueran utilizados como viviendas.
Otro de los puntos planteados por Naranjo apunta a determinar si se dispuso la clausura de los galpones o la prohibición de su uso habitacional, además de las medidas destinadas a evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.
La preocupación también considera los incendios de gran magnitud que han afectado durante este año al Barrio Industrial de Iquique, lo que incrementa los riesgos asociados a la utilización de instalaciones industriales como espacios residenciales.
“Tenemos el deber de actuar antes de que ocurra una tragedia”
Finalmente, la diputada aseguró que realizará un seguimiento del caso y exigirá respuestas sobre las acciones implementadas por las autoridades competentes.
“No quiero que en unos días más este caso quede en el olvido. La protección de la infancia no puede depender de una noticia, de una fiscalización puntual o de la gravedad que alcance una emergencia”, manifestó.
Naranjo agregó que el Estado debe actuar antes de que ocurra una tragedia y garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes encontrados en estos recintos estén siendo efectivamente resguardados.
