Una nueva controversia enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que una investigación periodística revelara la existencia de decretos que redujeron las condenas de ciudadanos extranjeros sentenciados por delitos vinculados al narcotráfico, incluyendo casos registrados en la frontera norte del país.
Según publicó Interferencia este jueves 5 de noviembre, el medio revisó 150 decretos de reducción de penas a extranjeros, de los cuales 115 correspondían a personas condenadas por delitos de drogas.
Entre los antecedentes examinados, al menos 13 casos estaban vinculados a personas detenidas en la frontera norte, principalmente en el sector de Colchane, en la Región de Tarapacá.
Uno de los casos destacados por la investigación corresponde a un ciudadano boliviano detenido en julio de 2021 en el sector de Alto Lirima, comuna de Pica.
El extranjero fue vinculado a una operación de narcotráfico que involucró más de una tonelada de sustancias ilícitas, entre marihuana, cocaína y pasta base, cuyo avalúo superaba los mil millones de pesos.
Por estos hechos, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique lo condenó a cinco años y un día de presidio.
Sin embargo, según los antecedentes publicados por Interferencia, en mayo de 2026 el Ministerio de Justicia le concedió una rebaja de tres meses de condena, fijando el cumplimiento de su pena para dos días después de la dictación del decreto.
La investigación también señala que el tribunal había descartado previamente su expulsión del país como pena sustitutiva.
Otro de los antecedentes corresponde a un ciudadano venezolano detenido cuando provenía de Colchane, transportando más de 32 kilos de ketamina, además de armas y una granada.
De acuerdo con el reportaje, este condenado también recibió una reducción de pena mediante un decreto firmado por el ministro Fernando Rabat.
La publicación identificó, además, situaciones en que los beneficiados contaban con informes desfavorables de Gendarmería o habían recibido rechazos a solicitudes de libertad condicional.
Asimismo, Interferencia indicó que ninguno de los decretos examinados registraba oposición del Ministerio de Justicia a la concesión de las respectivas rebajas.
Nueva controversia para el ministro de Justicia
Estos antecedentes se conocen en medio de la crisis política que enfrenta el ministro Fernando Rabat por las 56 rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La situación ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y motivó a parlamentarios de oposición a preparar una acusación constitucional contra el secretario de Estado.
Pese a las críticas, el presidente José Antonio Kast ha mantenido públicamente su respaldo al ministro de Justicia, mientras continúan las presiones para realizar cambios en el gabinete.
La nueva investigación amplía el debate sobre los criterios utilizados para conceder reducciones de condenas, particularmente en delitos relacionados con el narcotráfico y en casos vinculados a procedimientos policiales desarrollados en la frontera norte.
Cabe precisar que los 115 casos de delitos de drogas corresponden a los 150 decretos examinados por Interferencia y no necesariamente representan la totalidad de las rebajas otorgadas durante 2026. Asimismo, los 13 casos identificados en la frontera norte no corresponden exclusivamente a Tarapacá.
