La iniciativa del Gobierno buscaba modificar el calendario de implementación del nuevo servicio, que contempla a Tarapacá entre las primeras regiones. En paralelo, una federación que representa a más de 3.000 trabajadores cuestionó que el Ministerio de Justicia avance en los decretos de traspaso de personal sin participación gremial.
La Comisión de Constitución del Senado rechazó, por tres votos contra dos, la idea de legislar del proyecto presentado por el Gobierno para reprogramar la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, iniciativa que busca reorganizar el calendario de instalación del organismo en las distintas regiones del país.
La propuesta fue rechazada con los votos de las senadoras Claudia Pascual y Paulina Vodanovic, además del senador y presidente de la comisión, Vlado Mirosevic. En tanto, los senadores Arturo Squella y Andrés Longton respaldaron la iniciativa.
Durante la sesión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió la modificación de los plazos, argumentando que permitiría una implementación más eficiente del nuevo servicio.
Sin embargo, los parlamentarios que votaron en contra cuestionaron que el Ejecutivo todavía no haya ingresado el reglamento correspondiente y plantearon que es posible realizar esfuerzos adicionales para adelantar su puesta en marcha.
Tarapacá estaba considerada en la primera etapa de implementación
El proyecto del Ejecutivo contemplaba reorganizar el proceso de instalación del servicio, pasando de tres etapas a dos, con el propósito de retrasar el inicio de operaciones y acelerar posteriormente su despliegue nacional.
Según la propuesta, la primera etapa comenzaría el 1 de enero de 2028 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
Mientras tanto, la segunda etapa se iniciaría el 1 de enero de 2029 en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
La iniciativa también establecía el traspaso directo del Programa de Atención a Víctimas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito al nuevo organismo, eliminando su paso intermedio por la Subsecretaría de Justicia.
Asimismo, proponía que los directores regionales asumieran sus funciones con un mes de anticipación al inicio de operaciones, en lugar de los seis meses contemplados originalmente, para evitar gastos asociados a estructuras administrativas que todavía no estuvieran funcionando.
Con el rechazo en la comisión, la propuesta de reprogramación sufrió un revés legislativo, aunque la votación no implica por sí sola su rechazo definitivo en el Congreso.
Funcionarios denuncian exclusión en elaboración de decretos
En paralelo a la discusión legislativa, la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) denunció que la Subsecretaría de Justicia está avanzando en la elaboración de los Decretos con Fuerza de Ley que regularán el traspaso de trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial al nuevo servicio, sin incorporar a las organizaciones gremiales.
La federación, que representa a más de 3.000 funcionarios a nivel nacional, calificó como inadmisible que las condiciones de este proceso se definan sin la participación de quienes serán directamente afectados.
Su presidenta, Victoria Escalante, cuestionó que, pese a las solicitudes realizadas ante el Congreso, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República, todavía no se haya concretado una instancia de trabajo con los representantes de los trabajadores.
“No estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo que se respete nuestro derecho a participar en una decisión que afectará directamente a miles de trabajadores”, afirmó la dirigente.
Desde la organización advirtieron que los decretos definirán aspectos fundamentales del traspaso de personal, con posibles consecuencias para las condiciones laborales y la estabilidad de los funcionarios.
Federación exige mesa de trabajo y garantías laborales
Ante este escenario, FENADAJ solicitó la instalación inmediata de una mesa de trabajo técnico-resolutiva, acceso a los borradores de los decretos y garantías explícitas para resguardar los derechos laborales de los trabajadores.
“Una reforma que se construye a espaldas de sus trabajadores parte mal. El nuevo Servicio no puede levantarse sobre la exclusión y el silencio de la autoridad”, enfatizó Escalante.
La federación también advirtió que evaluará nuevas acciones si el Gobierno continúa avanzando en la implementación de los decretos sin incorporar a las organizaciones gremiales.
Comisión también cuestiona demora en antecedentes sobre rebajas de condenas
Durante la misma sesión, la Comisión de Constitución abordó otro asunto pendiente con el Ministerio de Justicia: la demora en la entrega de antecedentes solicitados al Ejecutivo el pasado 26 de octubre respecto de la legislación sobre rebajas de condenas.
El presidente de la instancia, Vlado Mirosevic, manifestó al ministro Rabat la molestia de la mayoría de los integrantes de la comisión por el retraso en la respuesta al oficio.
El secretario de Estado explicó que su cartera se encuentra trabajando en la recopilación de información, considerando que ha recibido más de 50 solicitudes relacionadas con esta materia.
La comisión tiene previsto continuar este miércoles con el análisis de cuatro proyectos refundidos sobre rebajas de condenas.
En tanto, los senadores Arturo Squella y Andrés Longton anunciaron que presentarán, junto a parlamentarios de distintos sectores, una moción para derogar la legislación vigente sobre este beneficio, iniciativa que contaría con respaldo del Ejecutivo.
