Previo al receso parlamentario de verano, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión mixta respecto al proyecto de infraestructura crítica, por lo que quedó en condiciones de convertirse en ley.
La iniciativa fue aprobada por 110 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, además, permite que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica del país en caso de peligro grave o inminente.
Cabe recordar que el proyecto original fue rechazado en general el pasado miércoles 25 de enero en la Cámara, luego que la comisión de Seguridad Ciudadana eliminó la potestad de las Fuerzas Armadas de colaborar en el resguardo del orden público.
Tras la aprobación de la iniciativa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó las diferencias de este proyecto con un Estado de Excepción Constitucional y recalcó que el Gobierno “nunca va a ceder a tentaciones de un militarismo antidemocrático”.
“En esta mesa tenemos muchas razones para temer al militarismo, pero esto que hay aquí no es militarismo, es empleo democrático de las Fuerzas Armadas para una labor que debiera ser parte natural de su misión, porque tiene que ver con la seguridad”, sostuvo Tohá, sentada Tohá.
Acuerdo en Comisión Mixta
Cabe recordar que la reforma constitucional fue visada por el hemiciclo de la Cámara luego que el Gobierno y la oposición arribaran a un acuerdo en la comisión mixta. Con ello se establecieron dos mesas técnicas a establecerse en febrero para llegar a dos proyectos de ley.
El primer proyecto tiene relación al uso de la fuerza de los militares y el otro es relativo a una unidad especializada de las policías y Fuerzas Armadas para la custodia de las fronteras.
Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a impulsar modificaciones legales reglamentarias para facultar controles de identidad con registro en los pasos fronterizos o en una extensión de 10 kilómetros desde la frontera terrestre, además de buscar que los tribunales puedan considerar las condenas en el extranjero como reincidencia y una agravante.
Junto a ello, el Ejecutivo buscará que el Ministerio Público pueda realizar presentaciones ante embajadas y consulados ante una detención, pudiendo ampliar el plazo de la detención en hasta 96 horas.