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Juzgado procedió a lectura de testamento de Lucía Hiriart tras demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado

El magistrado (s) del tribunal, Luis Parra, encabezó la audiencia en la que participaron la abogada del CDE María Eliana Ricke, abogados representantes de las partes, un notario y tres testigos del testamento cerrado.

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Durante la mañana del miércoles, en el Decimosexto Juzgado Civil de Santiago, se efectuó la audiencia en que se concretó la apertura del testamento de Lucía Hiriart solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), representado por la abogada María Eliana Ricke.

El magistrado (s) del tribunal, Luis Parra, encabezó la audiencia en la que participaron la abogada del CDE María Eliana Ricke, abogados representantes de las partes, un notario y tres testigos del testamento cerrado.

Tras terminar la apertura del documento la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), señaló que “la diligencia fue pedida en el marco de la demanda interpuesta en contra de los herederos testamentarios del exgeneral Augusto Pinochet, por el provecho del dolo ajeno respecto de los dineros que él defraudó”.

Al ser consultada por los detalles del rescate de la lectura del testamento, la jurista declinó referirse al caso y comentó que eso era todo lo que podía decir por ahora respecto a la apertura del testamento de Lucía Hiriart.

Cabe mencionar que en 2005, en el marco del llamado caso Riggs, la viuda de Pinochet, fallecida el 16 de diciembre de 2021, fue procesada por fraude tributario y malversación.

Sin embargo, antes de su fallecimiento Lucia Hiriart logró revocar ambos encausamientos, pese a que la Justicia determinó que su esposo “incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos”.

Además, desde el Consejo de Defensa del Estado explicaron que tras la sentencia de la Corte Suprema que puso término al caso Riggs, el 24 de agosto de 2018, condenando a tres colaboradores de Pinochet como autores del delito de malversación de caudales públicos, el organismo presentó una demanda por provecho del dolo ajeno con el propósito de que los herederos sean condenados a pagar al Fisco alrededor de US$ 16 millones, correspondientes a los dineros obtenidos ilícitamente.

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