Ministerio Público citó a canciller Antonia Urrejola y su equipo por filtración de audio de reunión

La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, que indaga el caso, instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) las primeras diligencias como tomar declaración a los asistentes de la reunión para determinar dónde se realizó la grabación y si efectivamente tenían conocimiento o no de que estaba quedando registro.

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El Ministerio Público citó a declarar a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y a su equipo en el marco de la investigación por la filtración, a fines de enero, del audio de una reunión privada donde la ministra cuestionó al embajador argentino, Rafael Bielsa, con duros términos.

La grabación fue compartida por error y generó la renuncia de la directora de Comunicaciones de la cartera, Lorena Díaz. Además, desde Cancillería indicaron que llevarían el caso a la Fiscalía, señalando que se trató de “una conversación privada, grabada sin conocimiento de los participantes del encuentro”.

En dicha reunión estaban presentes el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig; el director de Planificación Estratégica, Andrés Villar; y la jefa de gabinete de la ministra, Carola Muñoz.

La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, que indaga el caso, instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) las primeras diligencias como tomar declaración a los asistentes de la reunión para determinar dónde se realizó la grabación y si efectivamente tenían conocimiento o no de que estaba quedando registro.

Asimismo, la citación de la canciller Antonia Urrejola tiene como objetivo dar cuenta de los antecedentes que posee y poder reconstruir lo que ocurrió en la reunión con las autoridades nacionales.

La investigación busca establecer si existió vulneración o no al artículo 161 A del Código Penal, que tipifica “la divulgación de elementos de un encuentro de carácter privado que se produzcan en lugares que no son de libre acceso al público: quien infrinja la norma, arriesga una pena de reclusión menor y una multa que va desde las 50 a las 500 UTM”.