El presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, se refirió al caso Karla Añes, candidata del Partido de la Gente (PDG) al Consejo Constitucional por la región de Arica y Parinacota, luego que se conociera que había sido condenada a cinco años de cárcel por tráfico de drogas.
Al respecto, Tagle aseguró que “el Servel ha dispuesto una investigación, porque esta condena fue calificada como ‘general’ en nuestros registros, por eso se volvió a habilitar, y no como condena de drogas, en cuyo caso no solo se registra lo del Registro Civil que es el término de la condena y su recuperación de ciudadanía sino que tiene que llegar una rehabilitación por parte del Senado, rehabilitación que obviamente no nos ha llegado y que el Senado no ha tomado”.
En este sentido, el presidente del organismo indicó que “esta persona no ha solicitado la rehabilitación al Senado, que es una condición. El Senado no rehabilita automáticamente, lo hace con solicitud”.
Tras ser consultado sobre el supuesto error en sus declaraciones emitidas el día anterior, Tagle afirmó que nunca ha dicho “que ella fue rehabilitada por el Senado, yo solamente expliqué que la persona había perdido su ciudadanía y la había recuperado por el envío normal que hace el Registro Civil de las recuperaciones de ciudadanía”.
Asimismo, explicó que existe un “segundo control” que es del propio candidato. “Todo candidato debe llenar una declaración jurada ante notario, en la que declara bajo juramento cumplir con los requisitos constitucionales y legales y no estar afecto a inhabilidades establecidas en la constitución política para postular al cargo de consejero constitucional. Ella firmó esta declaración ante notario, y obviamente hizo un acto contrario a la buena fe, que no correspondía dada su situación”.
El presidente del Servel aclaró que “la eventual elección de esta persona, por supuesto, como cualquiera otra, es reclamable a los tribunales electorales, en este caso, al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel)”.
A su vez, Tagle indicó que actualmente “estamos investigando por qué estuvo calificada como una condena general y no como una condena de drogas. Esta última, junto a las condenas por conducta terrorista, requieren la rehabilitación del Senado, adicional a la recuperación de la ciudadanía de parte del Registro Civil”.
“La sentencia no es necesariamente lo que recibimos nosotros. Estamos investigando qué recibimos nosotros, y si recibimos con el delito de drogas, como efectivamente es, obviamente fue mal calificada y ahí sin duda tenemos un problema”, señaló.