La Mañana por Paulina

    Corte de Antofagasta declaró admisible recurso de protección por crisis sanitaria y migratoria en la región

    La acción judicial fue interpuesta por el gobernador Ricardo Díaz y el alcalde de la comuna de Ollagüe, en la cual durante el 2021 ingresaron alrededor de 900 migrantes. El lugar no tiene servicios públicos para atender las necesidades de los migrantes y no existen albergues habilitados para recibirlos.

    El pasado viernes 28 de enero, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz y el alcalde de la comuna de Ollagüe, Humberto Flores, dieron a conocer que  interpusieron un recurso de protección en contra del presidente de la República, ministerio de Salud y las delegaciones presidenciales de Antofagasta y El Loa, por abandonar el territorio frente a la crisis migratoria y sanitaria que afecta a la región.

    Es así que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró este lunes como admisible el trámite en cuestión, lo cual fue valorado por ambas autoridades, pues a su juicio, el nivel central no ha realizado su labor como corresponde.

    Al respecto, el gobernador comentó que ante la compleja situación el gobierno central debe proteger a la región, indicando que  “el nivel central ha dejado de prestar la ayuda a las personas migrantes, hemos dejado de tener residencias sanitarias y de hacer los controles que son debidos para todas estar personas que están ingresando a nuestras fronteras”.

    Agregó que “todos queremos una migración mucho más ordenada, pero, también tenemos que ver claramente que aquí la delegación presidencial, el presidente de la República y el ministerio de Salud no han dado el ancho y no están haciendo el trabajo que les corresponde”.

    A su vez, el alcalde de la comuna fronteriza de Ollagüe, Humberto Flores, valoró la la decisión de la Corte de Apelaciones y espera se tomen las acciones pertinentes para proteger la vida y la salud de los pobladores.

    Cabe mencionar que sólo en la comuna de Ollagüe durante 2021 ingresaron alrededor de 900 migrantes, un 80% de nacionalidad venezolana y un 20% de otras nacionalidades, lo que transforma a la comuna en uno de los pasos fronterizos de fácil acceso para la migración ilegal. Sin embargo, dijo el alcalde Flores, la comuna no tiene servicios públicos para atender las necesidades de los migrantes, y no existen albergues habilitados para recibirlos, lo que “ocasiona alarma y constante preocupación a nuestros habitantes”.

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