Una serie de debilidades operativas, tecnológicas y de infraestructura detectó la Contraloría General de la República tras una fiscalización al Complejo Fronterizo de Colchane, advirtiendo riesgos para la seguridad y el control del ingreso de personas, mercancías y sustancias ilícitas al país.
La inspección se realizó a fines de septiembre y fue encabezada por la Contraloría General de la República, con la visita en terreno de su titular, Dorothy Pérez, junto a autoridades regionales y equipos fiscalizadores. El objetivo fue evaluar el funcionamiento del Plan Frontera Segura, el despliegue de las Fuerzas Armadas y la administración del complejo fronterizo.
Según el Informe Final N°669/2025, se constató la ausencia de unidades especializadas para enfrentar delitos de tráfico de drogas, ya que ni la Policía de Investigaciones ni el Servicio Nacional de Aduanas cuentan con equipos técnicos adecuados para estos fines. Además, se detectó insuficiente dotación de personal, con menos funcionarios de los requeridos y presencia limitada de Carabineros.
La fiscalización también evidenció el paso irregular de personas por el llamado “Paso Ancestral” entre Bolivia y Chile, junto con el deterioro de la malla fronteriza, lo que facilita ingresos no controlados.
A esto se suma que equipos clave están fuera de servicio, como el Body Scan de la PDI, una máquina de rayos X y el incinerador del Servicio Agrícola y Ganadero, sin gestiones claras para su reposición. En tanto, el único camión scanner de Aduanas revisa en promedio 16 camiones diarios, sin criterios documentados de selección.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría instruyó una serie de medidas, entre ellas, que la PDI asegure la operatividad del Body Scan y la presencia permanente de la Brigada Antinarcóticos; que Aduanas refuerce y optimice las fiscalizaciones; que el SAG garantice el funcionamiento de sus equipos; y que la Delegación Presidencial coordine la reposición de tecnología y el refuerzo de la infraestructura crítica del paso fronterizo.
