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Proyecto de reajuste del sector público inició su trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados

Esta ley miscelánea considera un reajuste general de 2,0%, a contar del 1 de diciembre de 2025. Luego, a contar del 1 junio de 2026, se otorgará un reajuste de un 1,4%, constituyendo un reajuste total de 3,428%. Además, se incluyen beneficios para el sector pasivo y normas que dan cumplimiento a compromisos de la Ley de Presupuestos.

Con la presentación del Gobierno, a cargo de los ministros de Hacienda y del Trabajo, Nicolás Grau y Giorgio Boccardo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició el estudio del proyecto que otorga un reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, entre otros variados aspectos.

Tras un cuadro sinóptico de la situación económica nacional, donde se espera un IPC bajo el 3% durante 2026, el ministro Grau explicó los alcances concretos de la propuesta que surgió tras un protocolo de acuerdo firmado en diciembre de 2025. Lo suscribieron el Gobierno, la CUT y diez organizaciones gremiales del sector público.

Según expuso el Gobierno, se equilibran las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal. Esto se realizaría a través de un reajuste parcelado y de priorizar el reajuste de remuneraciones mínimas y bonos para bajos ingresos. Además, incorporaría normas para resguardar a las sociedades de funcionarios.

Específicamente, se otorga un reajuste general de 2,0%, a contar del 1 de diciembre de 2025. Aplicará a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, a las y los trabajadores del sector público. Luego, a contar del 1 junio de 2026, se otorgará un reajuste de un 1,4%, constituyendo un reajuste total de 3,428%.

El ministro del Trabajo informó que la iniciativa considera, de igual modo, mejoras al trabajo de las asociaciones de funcionarios y de sus dirigentes. Apunta a temas como la indemnidad de las remuneraciones; participación en asambleas; y audiencias con autoridades.

Según se comunicó, el texto también mandata a presentar la renuncia a los asesores de gabinete del Gobierno. Estas se harían efectivas, a más tardar el 11 de marzo del 2026. Junto a esto, se obliga a las autoridades a informar, a más tardar, al 27 de febrero, el número de funcionarios contratados en sus gabinetes. Asimismo, se impulsa una norma que busca evitar la discrecionalidad en la no renovación de las contratas.

Otras materias incluidas en el proyecto de reajuste

El ministro Grau detalló que el proyecto de ley también incluye materias económicas específicas y beneficios para el sector pasivo.

En este marco se consideran bonos reajustados en 3,4%. Apunta a aguinaldos; bonos de vacaciones, escolaridad y aporte al servicio de bienestar. Además, refiere al bono de acuerdo, remuneraciones mínimas, bono de bajas remuneraciones y renovación de algunas asignaciones, entre otros.

Especificó que el reajuste impacta a más de 951 mil personas, en tanto que los bonos llegan a poco más de un millón 190 mil personas del sector activo. Ahora, los beneficios para el sector pasivo beneficiarán a más de tres millones 144 mil personas.  

La iniciativa también consigna compromisos con el Congreso en el contexto de la Ley de Presupuestos 2026. En esta área se considera:

  • Una extensión del Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción de Valparaíso por dos años adicionales, del 2026 al 2028.
  • La modificación del calendario de instalación de 13 Servicios Locales de Educación Pública.
  • Se suspende hasta 2027 el reavalúo de bienes raíces que correspondía realizar en 2026, así como el reavalúo agrícola del año 2027, para el año 2028.
  • Se establece una ventana de seis meses para que los contribuyentes puedan solicitar la rebaja de impuesto territorial sin límite de tiempo, siendo aplicable desde la fecha en que el predio de encuentra en una situación de ocupación.
  • Se regula el caso de las multas por infracciones por no uso de TAG
  • Incorpora una glosa en la Ley de Presupuestos 2026 que habilita a Empresas y Sociedades del Estado a recibir recursos de los Gobiernos Regionales para el financiamiento de proyectos de inversión regional en el ámbito de ordenamiento territorial y que estas transferencias sean consideradas ingresos no renta para todos los efectos legales.

Por último, el proyecto contempla normas relacionadas a:

  • Teletrabajo y Trabajo Remoto
  • Personal y Remuneraciones
  • Incentivo al Retiro
  • Mejoras en Gestión del Estado
  • Ajustes de normas

Materias del debate y nuevas sesiones

Durante la discusión de este proyecto, los diputados Miguel MelladoFelipe Donoso, Frank Sauerbaum y Agustín Romero plantearon al Ejecutivo la posibilidad de agilizar el trámite a través de la división de la propuesta. Así, la idea era sacar las materias propias del reajuste y dejar la normativa miscelánea para una iniciativa distinta, con un trámite menos urgente.

Asimismo, pidieron al Gobierno mayor precisión respecto de la vía de financiamiento. En particular, pusieron en duda que el monto de 1,5 billones de pesos (costo total del proyecto) logre sostenerse solo con holguras y reasignaciones.

Por el contrario, Gael YeomansJuan SantanaJaime Sáez y Boris Barrera defendieron la unidad de la propuesta y recordaron que ya es una tradición que se presente así al Congreso Nacional. También remarcaron la urgencia de despachar el tema, como han solicitado diversas asociaciones de funcionarios.

La comisión continuará analizando este proyecto mañana, en diversas sesiones. La primera de ellas está citada para las 8:30 hrs. y se espera que el ministro Grau responda a las inquietudes de las y los diputados, especialmente, respecto del financiamiento de la ley.

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