La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó en general, por 8 votos a favor y una abstención, el proyecto que crea el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, respecto de las personas víctimas de desaparición forzada en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La iniciativa encabezada por la diputada Lorena Fries reconoce en materia de reparación y justicia transicional la creación por parte del actual presidente de la República del Plan Nacional de Búsqueda, en noviembre de 2023.
El proyecto afirma que este responde a un acto de responsabilidad democrática y de respuesta a las demandas históricas de las familias de las víctimas. Sin embargo, su carácter continuado y las obligaciones legales e internacionales que recaen sobre el Estado, hacen insuficiente que esta política se sostenga solo en un decreto administrativo y por ello es necesario darle rango legal.
Para ello, el proyecto consta de cinco artículos a través de los cuales se institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia:
- Reconoce la existencia del Plan como instrumento estatal destinado a cumplir las obligaciones internacionales en la materia y a garantizar el derecho inalienable de las familias y de la sociedad a conocer la verdad sobre lo ocurrido con las víctimas.
- Define los objetivos del Plan como el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y destino final de las víctimas.
- Remite a un reglamento definir el órgano responsable de implementar el Plan y las bases mínimas de su funcionamiento.
- Faculta al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia para requerir la cooperación y colaboración necesarias.
- Dispone el depósito de una copia oficial del Plan en el Archivo del Programa de Derechos humanos, asegurando su disponibilidad pública.
Agrupación de Familiares
Antes de proceder a la votación general, la comisión recibió a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, quien recalcó que la búsqueda se ha extendido por más de 50 años.
Subrayó que han trabajado y exigido a todos los gobiernos avanzar en esta materia y que, a partir de este plan, es la primera vez que un gobierno se ha preocupado de lo que significa la desaparición forzada.
Añadió que es el país completo el que debe hacerse cargo de lo que fue la desaparación de personas en el país. Y, recalcó que seguirán en la lucha hasta encontrar al último o última detenida desaparecida.
Por parte del Ejecutivo, el jefe de la División de Protección de la Subsecretaría de DDHH, Alexandro Álvarez, afirmó que el gobierno “ve con buenos ojos” que se establezca por la vía legal este Plan Nacional.
Por ello, adelantó que están examinando las precisiones técnicas del proyecto para que este impacte lo menos posible al funcionamiento actual del plan y contribuir con indicaciones.
Desde la comisión, su presidenta, diputada Carolina Tello, y diputadas autoras de la moción como Lorena Fries y Lorena Pizarro, llamaron al gobierno a patrocinar el proyecto y darle urgencia para su tramitación, con el fin que sea aprobado antes del receso del periodo legislativo.
