El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, entregó detalles sobre la implementación progresiva de la ley que regula el uso de celulares en los establecimientos educacionales, normativa que comenzará a aplicarse durante este año y que será fiscalizada por la Superintendencia de Educación.
La autoridad explicó que la fiscalización se enmarca en el plan anual del organismo y tendrá como foco principal verificar que los establecimientos hayan actualizado sus reglamentos internos, proceso para el cual existe plazo legal hasta mediados de año.
“El foco de la fiscalización es verificar que los reglamentos internos hayan sido modificados y que estén contextualizados a los marcos normativos actuales. Algunos colegios ya hicieron estos cambios y otros deberán hacerlo dentro del plazo legal”, señaló el ministro.
Cataldo indicó que el Ministerio de Educación elaboró orientaciones para las comunidades educativas, con recomendaciones diferenciadas para la educación parvularia y escolar, incorporando además la participación de madres, padres y apoderados.
En ese contexto, recordó que la ley mandata la realización de campañas de sensibilización dirigidas a las familias, proceso que se inició con el lanzamiento de la plataforma modoaula.mineduc.gob.cl, junto con material informativo y spots comunicacionales que serán difundidos de manera permanente.
El secretario de Estado enfatizó que el control del uso de celulares no es una tarea exclusiva de los establecimientos. “Es fundamental que las familias comprendan que su ejemplo y el rol que cumplen en el hogar es clave. Este es un fenómeno mundial que afecta la salud mental, el desarrollo cognitivo y la capacidad de socialización de niños y niñas”, afirmó.
Asimismo, precisó que la restricción al uso de celulares no se limita a la sala de clases, sino que también se extiende a patios y recreos. “Los recreos deben ser espacios para socializar, jugar y compartir, no para permanecer conectados al celular”, sostuvo.
No obstante, la normativa contempla excepciones por razones pedagógicas, siempre que estén debidamente justificadas y reguladas en el reglamento interno del establecimiento, incluso cuando las actividades curriculares se desarrollen fuera del aula.
Finalmente, el ministro recalcó que el éxito de la implementación dependerá del trabajo conjunto entre escuelas, familias y el Estado, con el objetivo de resguardar el bienestar integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes.
