El Gobierno valoró el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el cual anuló las actuaciones del Primer Tribunal Ambiental (1TA) a favor de la minera Dominga.
El sábado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló la resolución del Primer Tribunal Ambiental emitida en febrero de 2025 -que exigía al Comité a votar nuevamente el proyecto-, pues estableció que no estableció derechos para ninguno de los intervinientes.
El fallo supone un nuevo revés para Dominga y para su empresa propietaria, Andes Iron, que había acudido al Primer Tribunal Ambiental para revertir la decisión del Comité, que finalmente fue acogida.
Frente a esto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que la Corte de Apelaciones se ha pronunciado en un fallo unánime, aclarando las competencias de cada institución en materia ambiental.
“La Corte de Apelaciones de Antofagasta se ha pronunciado en un fallo unánime aclarando las competencias de cada institución en materia ambiental”, señaló la secretaria de Estado al respecto.
Por su parte, la empresa Andes Iron afirmó que el fallo “nos sorprende y desilusiona”, considerando que el proyecto lleva 12 años en tramitación. No obstante, recalcaron que “en ningún caso esta decisión nos desanima ni altera nuestra convicción de seguir adelante”.
La firma indicó en un comunicado que la resolución del tribunal es “estrictamente procedimental” y que no se pronuncia sobre la validez técnica ni ambiental del proyecto. Además, aseguraron que los antecedentes presentados y las discusiones de fondo “siguen plenamente vigentes”.
Asimismo, Andes Iron indicó que “la justicia ambiental y todos los procesos ambientales han señalado que Dominga cumple con la normativa”. También recordaron que la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta de diciembre de 2024 declaró nula la decisión previa del Comité de Ministros.
Sobre los argumentos incorporados en enero de 2025 para rechazar la iniciativa, la empresa aseguró que “serán, una vez más, totalmente desestimados en las instancias que correspondan”.
Por último, anunció que analizará “con detención todas las alternativas jurídicas que la institucionalidad contempla”, reiterando su compromiso con el desarrollo sostenible.
