La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich Ruiz, reconoció que el Poder Judicial ha atravesado una crisis “de una gravedad sin precedentes” en los últimos años y realizó un enfático llamado a juezas y jueces a subordinar sus intereses particulares al bien común de la ciudadanía.
Durante la cuenta pública realizada en el hall del Palacio de Tribunales, y ante la presencia de altas autoridades del Estado —entre ellas el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; el presidente electo, José Antonio Kast; ministros de Estado; la contralora general de la República, Dorothy Pérez; y representantes del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Tribunal Constitucional— la magistrada abordó de manera directa los cuestionamientos que han afectado al máximo tribunal.
“Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Los acontecimientos ampliamente conocidos son de una gravedad sin precedentes. Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor”, señaló Chevesich, agregando que la situación ha impactado especialmente a miles de funcionarios judiciales cuya labor diaria ha visto resentida la confianza pública.
La presidenta sostuvo que, si bien los hechos conocidos han sido graves, han operado los mecanismos institucionales para sancionar a quienes traicionaron los principios de probidad, culminando con la desvinculación de integrantes de la judicatura. En otros casos, recordó, fue el Congreso Nacional el que adoptó las decisiones previstas por la Constitución.
En ese contexto, destacó la aprobación de un nuevo Código de Ética Judicial, que refuerza la probidad como conducta intachable y enfatiza que la función judicial es, ante todo, un servicio público. “Quien no comprenda esto o no esté dispuesto a asimilarlo debe saber que no tiene, ni puede llegar a tener, un espacio en la judicatura”, afirmó.
Uno de los ejes centrales de su gestión será mejorar la oportunidad en la respuesta jurisdiccional. La ministra explicó que ya se implementó un plan de trabajo que contempla el levantamiento de información sobre tiempos de tramitación, diagnósticos detallados por jurisdicción, recopilación de buenas prácticas, capacitación y monitoreo bimensual de avances.
En otro anuncio relevante, Chevesich informó que el Pleno de la Corte Suprema convocará a una instancia interinstitucional para revisar la formación y los requisitos para la entrega del título de abogado. La iniciativa incluirá a universidades, el Colegio de Abogados, la Academia Judicial y el Ejecutivo, con el objetivo de fortalecer los estándares técnicos y éticos de la profesión jurídica.
La magistrada también abordó la creciente judicialización de conflictos sociales y políticos, señalando que si bien todo conflicto con relevancia jurídica debe poder ser conocido por los tribunales, la activación temprana de la jurisdicción sin agotar instancias previas tensiona el sistema. En ese sentido, llamó a los colegisladores a acompañar las reformas con los recursos necesarios y una reflexión sobre el uso adecuado de la intervención judicial.
En el cierre de su discurso, Chevesich subrayó que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para toda la sociedad. “Cada decisión y cada actuación cotidiana construye o erosiona la confianza pública”, afirmó.
Finalmente, reiteró los cuatro objetivos estratégicos de su presidencia: fortalecer la probidad y la transparencia, recobrar la confianza en la justicia, mejorar la oportunidad y calidad de las resoluciones, y robustecer los vínculos internos e interinstitucionales. “La administración de justicia pertenece a todas las personas, y a ellas debemos, en definitiva, nuestro esfuerzo permanente”, concluyó.v
