La Secretaría General de la Presidencia informó que durante la tarde de este lunes ingresó al Congreso Nacional de Chile urgencias legislativas para la tramitación de 20 proyectos de ley, en una señal de priorización del Gobierno en materias de seguridad, migración, sistema penitenciario y combate al crimen organizado.
De acuerdo con lo comunicado por la cartera, tres iniciativas quedaron con discusión inmediata, el máximo grado de urgencia legislativa.
Entre ellas se encuentra el proyecto que modifica la ley de Migración y Extranjería para tipificar como delito el ingreso clandestino al país, además de una reforma constitucional para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
También se incluyó el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, destinado a prevenir y alertar sobre actividades financieras vinculadas al crimen organizado.
Junto a estas iniciativas, el Ejecutivo otorgó suma urgencia a otros 13 proyectos, entre los que destacan reformas relacionadas con el control migratorio y el fortalecimiento del sistema penitenciario.
Entre ellos figura una reforma constitucional sobre ingreso y permanencia de extranjeros en el país, además de modificaciones que abordan el rol de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la seguridad nacional.
Asimismo, se incorporaron proyectos para reforzar la seguridad perimetral de los recintos penitenciarios, crear un tipo penal especial por daños a infraestructura carcelaria y fortalecer la seguridad del Metro de Santiago.
Dentro del mismo paquete legislativo también se incluyeron medidas como la exigencia de presentar un documento de identidad para viajar en transporte terrestre interregional, el endurecimiento de sanciones por evasión en el transporte público y la restricción del acceso a beneficios financiados con recursos fiscales para inmigrantes en situación irregular.
La lista de proyectos con suma urgencia también contempla iniciativas en áreas distintas al eje de seguridad.
Entre ellas se encuentran propuestas para fortalecer la institucionalidad ambiental, avanzar en la Ley de Patrimonio Cultural, facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, introducir cambios en las sociedades anónimas deportivas profesionales y regular la comercialización de productos farmacéuticos para sancionar su venta ilegal.
Finalmente, el Gobierno otorgó urgencia simple a cuatro iniciativas, entre ellas una modificación al Código Procesal Penal para ampliar el plazo máximo de flagrancia.
A ello se suman cambios al subsidio por incapacidad laboral por accidente o enfermedad común, ajustes a la Ley de Seguridad Nuclear para priorizar autorizaciones sanitarias vinculadas a materiales radioactivos y la creación de un derecho de atención preferente para ciertos trámites y prestaciones sociales.
