El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que tiene “el legítimo derecho de tener actividades comerciales”, esto en respuesta a los cuestionamientos de diputados del Frente Amplio, quienes lo acusaron de ser dueño de bencineras hasta febrero pasado, a un mes de asumir formalmente como titular del Ministerio del Interior del Gobierno de José Antonio Kast.
Estas declaraciones surgieron luego del despacho del proyecto de ley sobre medidas compensatorias por la histórica alza de los combustibles. Es en ese contexto, los parlamentarios de oposición apuntaron a un posible “conflicto de interés” por su vínculo con una empresa del rubro, la Sociedad de Inversiones El Alba LTDA.
En concreto, el diputado Matías Fernández dijo que “Chile merece una explicación del ministro Alvarado. No transparentó su participación en una empresa del petróleo y recién se habría desvinculado en febrero. Mientras las familias pagan más por los combustibles, esto huele a conflicto de interés”.
En esa línea, la diputada Gael Yeomans manifestó que “no le parece razonable que usted debió haberse abstenido de intervenir en esta discusión debido a su anterior participación en una empresa ligada al rubro de las petroleras, como lo es la Sociedad de Inversiones Alba. No es razonable, es un mínimo de imparcialidad”.
Frente a estas acusaciones, la autoridad de Gobierno llamó a los parlamentarios a “que se informen adecuadamente” y aseguró que sus declaraciones de patrimonio e intereses son públicas. También criticó a quienes quieren utilizar estos antecedentes “de mala fe, o producto de que no les gusta un proyecto de ley”.
“Mis declaraciones de patrimonio e intereses son públicas, y si algunos quieren utilizar de mala fe, o producto de que no les gusta un proyecto de ley, sacar a colación situaciones de carácter personal que no se ajustan a la realidad”, comentó.
En este sentido, reconoció haber tenido vínculos con empresas petroleras y aseguró que posee “el legítimo derecho de tener actividades comerciales”, precisando que estas se desarrollan familiarmente desde la década de los 80.
Por último, el secretario de Estado catalogó las críticas como “una falta de argumento, falta de altura y de una mala calidad de un sector político”.
“Tengo el legítimo derecho de tener actividades comerciales, y estas se desarrollan familiarmente desde la década del 80. Por lo tanto, consciente de que asumí una responsabilidad en el Gobierno, desde febrero están las escrituras públicas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces que acreditan que dejé la administración de esa sociedad a la cual se hace mención”, enfatizó.
