Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.
Su exasesor, Arnaldo Domínguez, también quedó sujeto a la medida cautelar por los mismos delitos, además de cohecho, delitos tributarios y delitos electorales.
Durante la audiencia, el tribunal dio por acreditado todos los delitos por los cuales fueron formalizados, asegurando que formaron una red de corrupción. En ambos casos, se fijó un plazo de investigación de 90 días.
El juez Daniel Urrutia dictaminó que “atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo (…), la libertad de los imputados se considera un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”.
En una audiencia, que se extendió por cinco días, el Ministerio Público acusó a Lavín León de defraudar al Congreso Nacional con al menos $189 millones entre 2015 y 2026, a través de tres esquemas. El primero involucró la presentación de 32 facturas falsas de Imprenta MMG por $18,8 millones para pagar deudas de campaña electoral.
El segundo esquema, el desarrollo de la plataforma digital SocialTazk, fue financiado con fondos del Congreso. Además, el tercero fue la contratación fraudulenta de Belén Carrasco Riquelme como asesora, quien no cumplió funciones desde 2018, recibiendo al menos $39,4 millones.
Además, se le acusa de tráfico de influencias por aprovechar su relación con su esposa y exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para colocar a personas de confianza en cargos directivos del municipio.
