En prisión preventiva quedó un ciudadano colombiano imputado por su participación como encubridor en el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado calcinado el pasado 23 de febrero en el sector ex Aguas del Altiplano de Alto Hospicio.
La medida fue decretada por el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, tras la formalización realizada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, ECOH, de la Fiscalía Regional de Tarapacá, junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
Según la investigación, la víctima fue asesinada durante la madrugada del 19 de febrero de 2026 en un lugar cercano al sitio donde posteriormente apareció el cuerpo. Las pericias del Servicio Médico Legal determinaron que falleció producto de una herida penetrante en el tórax provocada con un arma cortopunzante.
Las diligencias permitieron establecer que el imputado, identificado con las iniciales C.C.G., alias “Ze Pequeño”, trasladó el cadáver al interior de un basurero con ruedas junto a otro sujeto aún no identificado.
Posteriormente, ambos llevaron el cuerpo hasta el sector denominado “El Bosque”, al interior del sitio eriazo ex Aguas del Altiplano, en calle Monte Los Olivos de Alto Hospicio.
En ese lugar arrojaron el cadáver al interior de una estructura similar a una fosa séptica y le prendieron fuego utilizando acelerantes y neumáticos, con el objetivo de impedir la identificación de la víctima.
La Fiscalía además indicó que, antes de abandonar el lugar, los involucrados amenazaron a una persona que presenció los hechos, advirtiéndole que sufriría la misma suerte si contaba lo ocurrido.
El fiscal subrogante Daniel Juacida explicó que la participación del imputado pudo ser acreditada gracias a testimonios reservados, cámaras de seguridad y pericias realizadas por la Brigada de Homicidios.
El imputado, quien además mantenía una orden de expulsión vigente, fue formalizado por homicidio simple en calidad de encubridor y por el delito de amenazas.
El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó su prisión preventiva, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Asimismo, se fijó un plazo de investigación de 60 días para continuar con las diligencias e identificar al resto de los involucrados.
