Una jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique denunció haber sido víctima de hostigamiento laboral y discriminación durante años al interior del Poder Judicial, conflicto que volvió a escalar luego que la Corte de Apelaciones de Iquique reabriera un sumario administrativo en su contra mientras permanece con licencia psiquiátrica.
La magistrada, cuya identidad no fue revelada, mantiene desde 2025 una enfermedad profesional reconocida por la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que atribuyó su afección a condiciones laborales hostiles y a un escaso apoyo de sus superiores.
Pese a ello, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique ordenó reabrir una investigación administrativa por viajes realizados al extranjero mientras se encontraba con licencia médica, aun cuando el fiscal judicial había recomendado sobreseerla. La jueza fue citada nuevamente a declarar para explicar sus permanencias en Bolivia entre 2022 y 2023.
Frente a esta situación, la magistrada presentó un recurso de protección, argumentando que la nueva citación vulnera su integridad psíquica y podría agravar su estado de salud mental. El recurso fue derivado a la Corte de Arica, que lo declaró inadmisible, por lo que la defensa recurrió ante la Corte Suprema.
El conflicto entre la jueza y la Corte de Iquique se arrastra desde 2017, cuando, pese a obtener una calificación sobresaliente de 6,5, recibió observaciones negativas por presunto ausentismo, problemas de convivencia y bajo desempeño. Los comentarios fueron suscritos por los ministros Rafael Corvalán, Mónica Olivares y Pedro Guiza.
La jueza reunió antecedentes para rebatir esas observaciones, incluyendo informes que la situaban como la magistrada con más sentencias dictadas en el tribunal entre 2017 y 2018. También aportó certificados que daban cuenta de que trabajó durante jornadas completas incluso presentando fiebre, debido a la ausencia de otros jueces.
En 2024, la magistrada presentó una denuncia formal por hostigamiento laboral y discriminación ante la propia Corte de Apelaciones de Iquique. Entre sus acusaciones figuraban la negativa arbitraria de permisos, la alteración de estadísticas del tribunal, exclusión de reuniones internas y la obligación de compartir labores con un funcionario al que había denunciado previamente por acoso sexual. Sin embargo, el sumario terminó siendo sobreseído.
Desde la Corte de Apelaciones de Iquique señalaron que no existen “antecedentes objetivos” que permitan sostener una animadversión hacia la magistrada y aseguraron que todas las denuncias fueron tramitadas conforme a los procedimientos regulares. Además, afirmaron que se adoptaron medidas de apoyo para facilitar su reintegro, entre ellas una reincorporación progresiva mediante teletrabajo.
