La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó las denuncias realizadas por personas que aseguran que la Tesorería General de la República (TGR) retiró fondos desde sus cuentas bancarias para cobrar deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).
En entrevista con Mesa Central, la secretaria de Estado defendió los procedimientos de cobro y vinculó el aumento de la morosidad a las expectativas generadas en años anteriores respecto de una eventual condonación de las deudas estudiantiles.
“Esto se contextualiza en una situación en la cual a los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas y que, por lo tanto, el incentivo o la señal fue que dejaran de pagar. Y muchos lo hicieron”, sostuvo.
La ministra advirtió que el alto nivel de morosidad afecta directamente el financiamiento de la educación superior y compromete recursos públicos destinados a distintas políticas sociales.
“Hoy día tenemos una morosidad que hace que no solamente el CAE sea insostenible, sino que el financiamiento de la educación superior, el financiamiento estudiantil y que también al Estado le quita recursos valiosos que son necesarios no solamente para preservar este tipo de ayudas estudiantiles, sino también otras políticas”, afirmó.
Las declaraciones se producen luego de que diversos usuarios reportaran descuentos y embargos en sus cuentas bancarias por deudas impagas relacionadas con el sistema de financiamiento estudiantil.
Respecto de los cuestionamientos por los procedimientos de cobranza, Arzola sostuvo que los deudores fueron informados con anticipación y que existieron instancias para regularizar su situación antes de llegar a medidas más severas.
“Hubo muchos avisos previos. También hubo otras etapas en las cuales ellos podían acercarse a hacer convenios y ahora también van a poder hacerlo. Espero que lo hagan”, señaló.
La ministra reconoció que se trata de medidas complejas, pero insistió en que corresponde al Estado hacer cumplir la legislación vigente. “Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley”, indicó.
Asimismo, recordó que las facultades de cobranza del Estado son más amplias que las disponibles para las instituciones financieras privadas.
“Es bueno tener en cuenta que efectivamente las herramientas de cobranza desde el Estado son mucho más forzosas o mucho más importantes que las que tiene un sistema bancario”, concluyó.
Las declaraciones reabren el debate sobre el futuro del CAE y los mecanismos de recuperación de recursos por parte del Estado frente al elevado nivel de morosidad que registra actualmente el sistema.
