El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el cerco de unidades militares, mencionado por el expresidente Evo Morales reafirma la hipótesis del Ejecutivo de que existe una conspiración financiada por el narcoterrorismo para alterar el orden constitucional del país.
Las declaraciones surgen luego de que dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré anunciaran una vigilia y la toma de instalaciones militares en ese municipio del trópico de Cochabamba, en rechazo a la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, promulgada el lunes por el presidente Rodrigo Paz.
El secretario de Relaciones de dicha organización, Mario Rivera, advirtió que no se responsabilizarán por lo que ocurra con militares y policías en la región e instó al Gobierno a actuar con cautela antes de ordenar intervenciones en los puntos de bloqueo.
Rivera cuestionó que la ley incorpore una “presunción de legalidad operativa” para las acciones de las fuerzas del orden durante un estado de excepción y advirtió que la población del trópico responderá ante cualquier intervención estatal.
