La diputada independiente-UDI por Tarapacá, Ximena Naranjo, presentó un proyecto de ley que busca excluir a las festividades religiosas masivas de la obligación de contratar seguros de responsabilidad civil o constituir garantías financieras exigidas por la Ley N°21.659 sobre Seguridad Privada.
La iniciativa surge en medio de la preocupación manifestada por organizaciones religiosas, bailes religiosos y comunidades de fe, especialmente del norte del país, respecto de los costos que implicaría cumplir con las nuevas exigencias establecidas para eventos masivos.
Actualmente, la legislación dispone que toda actividad que reúna a más de 3.000 personas, o que requiera medidas especiales de seguridad, debe contar con mecanismos financieros destinados a responder por eventuales daños a asistentes, terceros o bienes públicos y privados.
Sin embargo, la parlamentaria advirtió que la normativa no distingue entre eventos con fines comerciales y celebraciones religiosas organizadas por entidades sin fines de lucro.
“Las festividades religiosas forman parte de nuestra identidad cultural, espiritual y patrimonial. No pueden ser tratadas de la misma manera que un espectáculo privado o una actividad comercial. Muchas de estas celebraciones son organizadas gracias al esfuerzo de voluntarios, fieles y comunidades completas que no cuentan con los recursos para asumir costos de esta magnitud”, señaló.
La legisladora advirtió que la aplicación de esta obligación podría afectar la continuidad de celebraciones tradicionales como la Fiesta de La Tirana y la festividad de San Lorenzo de Tarapacá, que cada año congregan a cientos de miles de peregrinos provenientes de distintas regiones del país.
“Estamos hablando de expresiones de fe que llevan décadas formando parte de la historia de Chile. Son manifestaciones que fortalecen la vida comunitaria, preservan tradiciones culturales únicas y movilizan a miles de personas en torno a valores espirituales profundamente arraigados”, sostuvo.
La propuesta incorpora una excepción al artículo 70 de la Ley de Seguridad Privada, estableciendo que la obligación de contratar seguros o constituir cauciones no será aplicable a festividades, peregrinaciones o actos de culto organizados por entidades religiosas con personalidad jurídica vigente.
Según explicó Naranjo, la iniciativa busca entregar certeza jurídica a las organizaciones religiosas y garantizar el ejercicio de la libertad de culto, manteniendo la coordinación con las autoridades encargadas de la seguridad y el orden público.
“Queremos perfeccionar una ley que persigue un objetivo legítimo, como es la seguridad de las personas, pero que en este caso terminó afectando realidades completamente distintas. Nuestro deber es proteger las tradiciones religiosas, culturales y patrimoniales que forman parte de la identidad de Tarapacá y de Chile”, concluyó la parlamentaria.
