El Senado despachó a ley el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual (IMM), la asignación familiar y maternal, además del subsidio familiar, dejando la iniciativa lista para su promulgación por parte del Ejecutivo.
La normativa establece que, a contar del 1 de mayo de 2026, el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 y menores de 65 años ascenderá a $553.553. En tanto, para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, el monto se fijó en $412.938.
Asimismo, la ley contempla un nuevo reajuste a partir del 1 de enero de 2027, el que se calculará según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre mayo y diciembre de 2026.
La discusión estuvo marcada por cuestionamientos de parlamentarios de oposición, quienes consideraron insuficiente el mecanismo de reajuste propuesto por el Gobierno.
Los senadores Daniel Núñez y Claudia Pascual sostuvieron que el aumento no permitirá recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y advirtieron que quienes perciben el salario mínimo tendrán menos ingresos reales que durante el año pasado.
A las críticas se sumaron los senadores Alejandra Sepúlveda, Gastón Saavedra y Ricardo Celis, quienes cuestionaron que no se consideraran los análisis de la Comisión Técnica Laboral respecto de los costos de vida y las necesidades reales de las familias.
Durante el debate, varios legisladores señalaron que el reajuste no logra compensar el aumento acumulado de precios ni el encarecimiento de servicios básicos, por lo que consideraron que el incremento es insuficiente para cubrir las necesidades de los hogares más vulnerables.
También se plantearon reparos respecto al monto diferenciado para trabajadores mayores de 65 años, especialmente considerando el contexto de envejecimiento de la población y las recientes políticas orientadas a fomentar la permanencia laboral de las personas mayores.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la propuesta y aseguró que el país enfrenta una situación compleja en materia laboral que obliga a actuar con responsabilidad.
La autoridad sostuvo que el reajuste busca equilibrar la protección de los ingresos de los trabajadores con la necesidad de resguardar el empleo y la actividad económica, señalando que el Gobierno está enfrentando una “emergencia laboral” que requiere decisiones realistas y sostenibles.
Con la aprobación del Congreso, el reajuste del ingreso mínimo quedó listo para convertirse en ley y comenzará a regir de forma retroactiva desde el 1 de mayo de 2026.
