La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión en general del proyecto de ley que busca estabilizar y proteger las tarifas eléctricas, iniciativa presentada por el Ejecutivo para entregar mayor certeza a los hogares frente al costo del suministro.
Durante la sesión, la ministra de Energía, Ximena Rincón, expuso los principales lineamientos de la propuesta y destacó que la electricidad constituye un servicio esencial para el desarrollo del país y uno de los gastos más relevantes para los presupuestos familiares.
La secretaria de Estado explicó que el proyecto se estructura en tres ejes principales.
El primero busca reducir el impacto de las tarifas eléctricas mediante la extensión del subsidio eléctrico hasta 2027, beneficiando a los hogares más vulnerables. Además, contempla un mecanismo de mitigación para las alzas proyectadas en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, junto con medidas destinadas a disminuir el precio de la energía.
El segundo eje considera la regularización de las deudas acumuladas con las empresas distribuidoras entre los años 2020 y 2024. Según explicó la ministra, este proceso se financiará mediante un cargo único de 5 pesos por kilowatt hora, que comenzará a cobrarse a partir de 2028, cuando se proyecta una baja en las tarifas eléctricas. Con ello se busca resolver la deuda histórica sin afectar las cuentas actuales de los usuarios.
La iniciativa también incorpora medidas para ordenar los procesos tarifarios de transmisión y distribución eléctrica, estableciendo plazos que eviten retrasos y reliquidaciones, además de mecanismos para que las empresas corrijan eventuales errores y restituyan cobros indebidos a los clientes.
El tercer eje apunta a fortalecer la seguridad y calidad del suministro eléctrico, mediante herramientas que permitan anticipar contingencias climáticas o situaciones de alta demanda que puedan provocar interrupciones del servicio.
Durante el debate, los integrantes de la comisión solicitaron mayores antecedentes sobre el impacto real que tendría la rebaja de tarifas para los clientes regulados, especialmente en caso de concretarse las renegociaciones voluntarias de contratos con las empresas generadoras.
Asimismo, consultaron qué medidas adoptará el Ejecutivo si las compañías no se acogen a dichos mecanismos, cómo operará la entidad encargada de administrar la regularización de las deudas y plantearon la posibilidad de aumentar el monto del subsidio eléctrico, considerando el alza sostenida del costo de la vida y el impacto que enfrentan los hogares más vulnerables.
El proyecto continuará ahora su tramitación en la Comisión de Minería y Energía, donde será analizado en particular antes de avanzar a las siguientes etapas del proceso legislativo.
