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Gobierno confirma que desalojo de tomas del sector Z2 de Alto Molle en Alto Hospicio se ejecutará en las “próximas semanas”

El seremi de Gobierno de Tarapacá entregar detalles sobre la reubicación de las personas que habitan en los asentamientos irregulares y otros aspectos que se manejan de forma reservada. 

El seremi de Gobierno de Tarapacá, Yuseff Hilaja, confirmó que en las próximas semanas se ejecutará el inminente desalojo de las tomas y campamentos ubicados en el sector o lote Z2 de Alto Molle, en la comuna de Alto Hospicio.

La restitución del terreno cercano al hospital de la comuna se efectuaría a casi un año de que la Corte Suprema revocara la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que rechazó el recurso de protección interpuesto por una sociedad inmobiliaria en contra de los ocupantes ilegales de su propiedad.

En conversación con el programa Radio Urbano, la autoridad regional detalló que en Tarapacá hay 64 campamentos que albergan a unas 9.000 familias, de las cuales aproximadamente el 70% son extranjeras. La mayoría de estas familias viven en zonas de alto riesgo, lo que plantea desafíos en materia de seguridad y vivienda.

El vocero reconoció que abordar el déficit habitacional en la región requiere una planificación a largo plazo para evitar que el proceso sea caótico y garantizar soluciones efectivas.

Hilaja dijo que el Ministerio de Vivienda está trabajando en soluciones habitacionales para las familias que han vivido por largo tiempo en campamentos, priorizando a quienes siguen los procesos regulares como en Caramucho y el sector del ex Vertedero. 

La coordinación involucra al municipio de Alto Hospicio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Delegación Presidencial de Tarapacá y el Ministerio de Seguridad Pública, quienes gestionan tanto la erradicación y entrega de viviendas como los desalojos por razones judiciales.

En este sentido, el seremi de Gobierno aseguró que el desalojo judicial de las tomas en el sector Z2 de Alto Molle ya fue decidido hace un buen tiempo y su ejecución era inminente, estando prevista para las próximas semanas. 

“Hay otros campamentos donde se busca la erradicación, el desalojo, como por ejemplo, el Z2 que estaba dispuesto en un lugar de un privado, y ya por una orden judicial se va a generar prontamente el desalojo. Esta es una orden inminente, y ya en un periodo no máximo de un par de semanas vamos a poder desarrollar el desalojo ahí como corresponde, con medidas de seguridad y conversándolo previamente con cada una de las personas”, agregó.

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“Esa resolución está tomada hace tiempo, entiendo. Tomado hace bastante tiempo, solamente se estaba aplazando el el momento en que se va a hacer la el el desalojo, y eso ya es inminente. En las próximas semanas debiese ocurrir esto”, añadió

La autoridad espera que el proceso sea tranquilo, gracias a los acercamientos previos con los pobladores y las medidas de seguridad que se están planificando. Sin embargo, evitó entregar detalles sobre la reubicación de las personas y otros aspectos que se manejan de forma reservada. 

“Esto no no es algo que yo te pueda abordar mucho más. También esto es algo que se está manejando de forma reservada, porque es un desalojo que se hace con con medidas de seguridad de por medio”, acotó.

Según Hilaja, una vez realizado el desalojo, se entregará un reporte más completo sobre lo sucedido con las familias afectadas.

Cabe mencionar que, en julio de 2025, la Corte Suprema ordenó la restitución y el desalojo del sector de 18 hectáreas que pertenece a la Sociedad Educacional, Inmobiliaria y Comercial Belén Limitada y que se encuentra ocupado de forma irregular desde el año 2019.

Recientemente, la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá lideró un catastro territorial para recopilar información clave para la elaboración de un diagnóstico social integral del territorio.

El catastro permitirá identificar el número de familias y personas que actualmente habitan en el sector, además de detectar situaciones de vulnerabilidad que requieran una atención prioritaria por parte del Estado, como la presencia de personas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y electrodependientes, entre otros.

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