La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión de dos proyectos impulsados por el Gobierno que buscan fortalecer las herramientas legales para enfrentar la migración irregular en Chile.
La primera iniciativa corresponde a una reforma constitucional que propone ampliar el plazo máximo de detención de extranjeros con orden de expulsión administrativa, pasando de los actuales cinco días a un máximo de 180 días.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que el plazo vigente resulta insuficiente para verificar la identidad de las personas, obtener la documentación necesaria, coordinar con el país de destino y concretar las expulsiones.
La propuesta establece un período inicial de hasta 60 días, prorrogable en dos oportunidades por otros 60 días cada una. Además, las extensiones deberán estar debidamente fundadas y sometidas al control de los tribunales de justicia.
Paralelamente, la comisión comenzó a revisar un proyecto que modifica el Código Penal para ampliar el delito de tráfico de migrantes.
La iniciativa incorpora sanciones para quienes faciliten no solo el ingreso ilegal al país con fines de lucro, sino también la salida ilegal de personas desde Chile y el transporte remunerado de extranjeros en situación migratoria irregular dentro del territorio nacional.
El proyecto mantiene agravantes cuando se ponga en riesgo la vida o integridad de las personas afectadas, existan menores de edad involucrados o participe un funcionario público.
Durante la sesión también se escucharon opiniones contrapuestas. El director del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, cuestionó la eficacia de ampliar los plazos de detención, señalando que el principal obstáculo para las expulsiones sigue siendo la coordinación con los países de origen.
En el debate parlamentario, el diputado Marcos Barraza expresó reparos a la reforma, advirtiendo sobre sus eventuales efectos en materia de derechos humanos, mientras que la diputada Constanza Hube defendió las propuestas, señalando que entregan herramientas concretas para ejecutar expulsiones y combatir el tráfico de migrantes.
