La Corte de Apelaciones de Iquique acogió una demanda de indemnización de perjuicios presentada contra la sociedad Transportes e Inversiones Generales Mamani y Choque Limitada, por el incumplimiento de contratos de promesa de compraventa de locales del proyecto denominado “Mall Las Américas”, centro comercial que sería construido en la comuna de Alto Hospicio.
En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia dictada previamente por el Segundo Juzgado de Letras de Iquique, que había rechazado la acción judicial, y condenó a la empresa a pagar un total de $306.891.401 a siete demandantes por concepto de daño emergente.
De acuerdo con la resolución, los compradores cumplieron con las obligaciones establecidas en los contratos y realizaron pagos periódicos que, en algunos casos, superaron el 50% del valor de los locales prometidos.
Sin embargo, la empresa no concretó la firma de los contratos definitivos de compraventa ni realizó la entrega material y jurídica de los inmuebles comerciales.
El fallo estableció que los contratos de promesa fueron suscritos durante 2022 y que los demandantes continuaron pagando las cuotas acordadas hasta fines de 2023.
Según los antecedentes analizados por la Corte, la empresa debía iniciar las obras o contar con un permiso de edificación aprobado por la Municipalidad de Alto Hospicio, situación que no ocurrió.
Además, el estudio de impacto vial presentado para el proyecto fue rechazado durante julio de 2024.
El centro comercial debía ser entregado en agosto de 2025, por lo que las obras tendrían que haber comenzado, al menos, dos años antes. No obstante, la construcción nunca se inició.
Para el tribunal, el incumplimiento provocó un perjuicio económico directo a los compradores, debido a que los contratos no pudieron materializarse y los recursos entregados correspondían a cuotas pagadas por locales que finalmente no fueron construidos.
La Corte concluyó que se acreditaron los requisitos necesarios para establecer la responsabilidad contractual de la empresa, entre ellos la existencia de contratos válidos, el incumplimiento, el perjuicio económico y la relación entre la actuación de la sociedad y el daño causado.
Por esta razón, el tribunal ordenó devolver a los siete demandantes los montos pagados, que en conjunto alcanzaron los $306 millones, por concepto de daño emergente.
