El Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, suscribieron el Decreto de Política Fiscal, instrumento que establece la trayectoria de las finanzas públicas del país hasta 2030 y fija metas destinadas a reducir progresivamente el déficit estructural.
“Cada peso que gasta el Estado es un peso de todos los chilenos y vamos a seguir con ese celo en el cuidado de los recursos que son de todos”, afirmó el titular de Hacienda.
Según detalló el Ejecutivo, la meta de déficit estructural se ubicará en 2,6% del Producto Interno Bruto durante 2026, para disminuir a 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y alcanzar un 1,5% del PIB en 2030.
El decreto también mantiene el ancla de deuda pública de mediano plazo en un máximo equivalente al 45% del PIB, con el objetivo de estabilizar el endeudamiento y fortalecer la posición financiera del Estado.
Desde Hacienda explicaron que el mayor esfuerzo de ajuste se concentrará durante los primeros años y que la reducción del déficit dependerá tanto de una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos como de la recuperación del crecimiento económico.
Quiroz sostuvo que la situación fiscal encontrada al asumir el Gobierno fue más compleja de lo previsto, pero aseguró que las metas establecidas son alcanzables.
“La disciplina fiscal no es un fin en sí misma”, señaló el ministro, agregando que una situación financiera sostenible permite mantener las políticas sociales, entregar mayor certeza para la inversión y generar condiciones para recuperar el crecimiento y crear empleos.
La estrategia contempla cuatro pilares: la recuperación de la actividad económica; la racionalización y el reordenamiento del gasto público; la modernización de la gestión de las empresas estatales; y una administración integral de los activos y las obligaciones financieras del Fisco.
El Gobierno señaló que el plan buscará combatir el fraude en el acceso a beneficios sociales, corregir ineficiencias y mejorar la focalización del gasto, con el propósito de asegurar que los recursos públicos lleguen efectivamente a sus destinatarios.
Asimismo, se pretende fortalecer la transparencia y gestión de las empresas públicas, además de optimizar el uso de los activos estatales y reducir los costos de financiamiento asumidos por el país.
