El Gobierno reconoció un error político en el manejo de las rebajas de condenas otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, en medio de los cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien fue ratificado en su cargo por el presidente José Antonio Kast.
En entrevista con Radio ADN, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que, si bien las decisiones se adoptaron bajo la legislación vigente, el Ejecutivo debió informar previamente el cambio de criterio utilizado para tramitar estos beneficios.
“Desde el punto de vista político, cuando uno cambia un criterio y eso puede generar un efecto como el que estamos viendo, lo adecuado hubiese sido informar ese cambio de criterio para analizar los impactos y las consecuencias”, señaló.
Alvarado también confirmó que se suspendió la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condenas, mientras el Ejecutivo trabaja en una modificación legal para restringir estos beneficios.
Asimismo, informó que el Ministerio de Justicia está revisando las resoluciones ya firmadas para determinar si existen mecanismos que permitan revertirlas o revocarlas.
“Se están revisando caso a caso las resoluciones que firmó el ministro Rabat para ver las fórmulas que nos permitan revertirlas o revocarlas. Y estamos con iniciativas legislativas para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir”, explicó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó los cuestionamientos surgidos luego de que una investigación de Radio Biobío señalara que algunos de los condenados beneficiados presentarían un alto riesgo de reincidencia.
Durante un punto de prensa, Rabat explicó que el Ministerio de Justicia no es el organismo encargado de evaluar los antecedentes individuales de los solicitantes, ya que esa función corresponde a una comisión especializada.
“Hay que entender bien el procedimiento de rebaja de condenas, en el cual no es el Ministerio de Justicia quien analiza el mérito de la solicitud. Para eso hay un consejo integrado por ministros de Cortes de Apelaciones, por jueces y también por psicólogos y asistentes sociales, quienes son precisamente los llamados por la ley a analizar estas situaciones”, afirmó.
El secretario de Estado sostuvo que la función de su cartera consiste únicamente en verificar el cumplimiento de los requisitos legales y las formalidades del procedimiento.
“El rol que le corresponde al Ministerio de Justicia luego es únicamente determinar si se cumplieron ciertos requisitos o formalidades. Por lo tanto, no hay una ponderación de la situación de cada uno de esos internos”, agregó.
Gobierno prepara cambios legales y mantiene a Rabat en el cargo
Respecto de las modificaciones anunciadas, Rabat explicó que el Ejecutivo busca otorgar mayor relevancia a los informes de Gendarmería al momento de evaluar las solicitudes de rebaja de condenas.
“Lo que pedimos o establecemos a través de esa norma es que el informe de Gendarmería sea un antecedente calificado al momento de que la comisión adopte la decisión respectiva”, manifestó.
El ministro también señaló que el procedimiento vigente se remonta a 2003 y que los riesgos asociados a este tipo de beneficios han estado presentes durante más de dos décadas.
En paralelo, Alvarado defendió la continuidad del titular de Justicia, pese a las solicitudes de renuncia provenientes de distintos sectores políticos. “El Gobierno y el Presidente han determinado que el ministro Rabat sea parte de la solución”, sostuvo el jefe de Interior.
Consultado sobre su permanencia en el gabinete, Rabat respondió que “yo creo que la respuesta se la dio ayer el Presidente de la República, habiendo ratificado a este ministro de Justicia”.
De esta manera, el Gobierno mantiene suspendida la tramitación de nuevas rebajas de condenas y revisa las resoluciones ya otorgadas, mientras prepara una modificación legislativa para restringir estos beneficios en casos de delitos sexuales contra menores de edad.
