El Sindicato de Funcionarios de la Fundación Educacional Samca Arumanti informó que cumple ocho días de huelga legal, sin que hasta el momento la sostenedora haya presentado una propuesta para avanzar en la resolución del conflicto laboral.
A través de sus redes sociales, representantes de la organización cuestionaron la falta de diálogo y desmintieron versiones sobre supuestos ofrecimientos económicos a los trabajadores.
“Vamos en el día ocho de la huelga legal, en la cual no ha habido propuesta por parte de la sostenedora”, señalaron.
En medio de la movilización, los dirigentes informaron que acudieron a la Secretaría Regional Ministerial de Educación para presentar una carta solicitando una fiscalización por presuntas irregularidades al interior del establecimiento.
Asimismo, anunciaron que entregarían el mismo documento a la Superintendencia de Educación.
“Nos hemos enterado de ciertas irregularidades que están sucediendo en el establecimiento y solicitamos con esa carta una fiscalización”, explicaron.
La organización no detalló públicamente cuáles serían las irregularidades denunciadas, por lo que corresponderá a los organismos competentes evaluar los antecedentes y determinar eventuales acciones de fiscalización.
Rechazan acusaciones por despedida de cuartos medios
Por otra parte, el sindicato rechazó que se responsabilice a docentes por las dificultades relacionadas con la organización del desayuno de despedida de los estudiantes de cuarto medio.
Según explicaron profesoras de tercero medio, la actividad contaba con una planificación previa, pero durante el año la fundación no se habría acercado para coordinar su realización.
Las docentes también desmintieron que estuvieran utilizando esta situación como una represalia o medida de presión contra los estudiantes.
“Se nos está diciendo que nosotros nos estamos vengando y estamos instrumentalizando eso para dañar a los niños, y eso es absolutamente falso”, afirmaron.
Finalmente, el sindicato reiteró que continuará defendiendo sus derechos laborales y rechazó las imputaciones que, a su juicio, afectan la honra y el trabajo profesional de los docentes.
