Cámara de Diputados despacha a ley proyecto que amplía facultades para el control policial migratorio

La norma modifica la Ley 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación. Además, mejora la persecución penal en dichos delitos.

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La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer y último trámite, el proyecto que amplía las facultades del control policial para medidas de migración y extranjería. La iniciativa contó con 84 votos a favor, 44 en contra y 5 abstenciones.

La norma modifica la Ley 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación. Además, mejora la persecución penal en dichos delitos.

Las modificaciones aprobadas por la sala apuntan básicamente a tres aspectos. El primero de ellos suprime el tiempo acotado de una hora, para que el funcionario policial ponga a disposición de la PDI, a la persona que no pueda acreditar su situación migratoria regular.

El segundo aspecto suprime la frase que prohibía el control policial de identidad fundado en motivos contra la discriminación y el tercero punto tiene relación con las atribuciones sobre control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas, otorgadas a las Fuerzas Armadas de forma transitoria, mientras se encuentre vigente el decreto que las faculta para ello.

Además, la propuesta regula la forma en que procederá el control de una persona que no puede acreditar el encontrarse en situación migratoria regular. El objetivo es corroborar su situación migratoria e iniciar los procedimientos que correspondan de conformidad a la ley.

El texto legal amplía el control preventivo e identidad. Asimismo, dota a los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI) de nuevas herramientas. La idea es ayudar en la identificación de personas migrantes en calidad de irregular.

Al mismo tiempo, incluye a extranjeros con permisos de residencia vencidos. El objetivo es mejorar el cumplimiento de los procesos de regularización y expulsión, contemplados en la Ley de Migraciones y Extranjería.