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Contraloría pone fin al uso de libros de asistencia en servicios públicos y ordena modernizar registros de entrada y salida de funcionarios

Las entidades públicas deberán dejar atrás los registros de papel y solo utilizar herramientas tecnológicas para un registro idóneo, eficaz y eficiente.

La Contraloría General de la República (CGR) impartió instrucciones para que los distintos órganos del Estado y entidades sujetas a la revisión de este organismo de control actualicen sus sistemas de control de asistencia.

Lo anterior surge a raíz de la reiterada constatación de debilidades que presentan los sistemas en libros de asistencia u otras formas de registro que utilizan el soporte papel, según dan cuenta múltiples informes de auditoría de la CGR. 

Según la entidad fiscalizadora, en sus fiscalizaciones, ha observado múltiples errores, omisiones, ilegibilidad, adulteraciones, registros fraudulentos o anotaciones estandarizadas que afectan completamente su confiabilidad y llevan a concluir que “no constituyen un método de control idóneo que permita asegurar la integridad y veracidad de los datos contenidos en ese tipo de soportes y el consiguiente pago de los fondos públicos asociados a la respectiva asistencia”.

En este sentido, la Contraloría instruyó a las entidades públicas a utilizar herramientas tecnológicas como tarjetas electrónicas de acceso, sistemas biométricos -por impresión de huella digital o reconocimiento facial-, softwares en línea, aplicaciones móviles, entre otros sistemas automatizados, que entreguen confiabilidad para el control que deben efectuar las jefaturas, el lugar de desempeño y la actividad del personal.

El organismo dio un plazo de 20 días hábiles a los distintos organismos de la Administración del Estado para que informen respecto del o los sistemas de registro de asistencia que utilizan actualmente. 

Además, en el caso de no contar con métodos tecnológicos o automatizados, objetivos y verificables, los organismos y servicios públicos deberán comunicar el plazo en el que realizarán su implementación, el que deberá ser a más tardar durante el primer semestre de 2026.

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