El Gobierno manifestó su preocupación tras la aprobación en general de un proyecto de ley en el Senado de Chile que podría permitir que 738 personas condenadas por delitos graves accedan a beneficios para cumplir sus penas fuera de recintos penitenciarios.
La iniciativa fue respaldada por 23 votos contra 22 y establece la posibilidad de que personas privadas de libertad con enfermedades graves, crónicas o condiciones especiales puedan solicitar medidas alternativas al cumplimiento de condena en prisión.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que la redacción actual del proyecto podría generar consecuencias graves para el sistema penal.
“El día de hoy es un día negro para la democracia”, afirmó el secretario de Estado, al advertir que la norma podría abrir la puerta a la impunidad en casos de delitos de alta connotación.
Según cifras entregadas por el Ministerio de Justicia, entre las personas que podrían acceder al beneficio inmediato existen condenados por distintos delitos graves.
De acuerdo con el análisis del Ejecutivo, 6,9% corresponde a condenados por tortura, genocidio o crímenes de lesa humanidad, mientras que 5,1% cumplen condena por delitos sexuales y 4,2% por homicidios.
Riesgos en casos de crimen organizado
El ministro Gajardo también alertó que, bajo la redacción actual del proyecto, hasta 10.102 internos con enfermedades crónicas podrían solicitar el beneficio.
Entre ellos —según explicó— podrían encontrarse personas condenadas por crimen organizado que actualmente cumplen sus penas en recintos penitenciarios de alta seguridad.
Desde el Ejecutivo indicaron que buscarán modificar el proyecto mediante indicaciones, con el objetivo de limitar su alcance y evitar que el beneficio pueda aplicarse a condenados por delitos graves.
Las modificaciones deberán presentarse antes del 16 de marzo, fecha en que continúa la tramitación legislativa de la iniciativa.
Durante la jornada, representantes de agrupaciones de derechos humanos acompañaron al ministro de Justicia y cuestionaron el contenido del proyecto, acusando que podría terminar beneficiando a internos condenados por violaciones a los derechos humanos, particularmente a quienes cumplen condena en el penal de Punta Peuco.
Las organizaciones señalaron que la iniciativa estaría utilizando como argumento la edad avanzada o enfermedades terminales para permitir el acceso a beneficios penitenciarios a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos.
